LA DESAMORTIZACIÓN EN BALEARES.
HISTORIOGRAFÍA Y METODOLOGÍA.
Ferragut.
Grosske.
HISTORIA DE LA DESAMORTIZACIÓN EN EL SIGLO XIX. EL
FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
EL SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820).
EL TRIENIO LIBERAL.
LA DÉCADA ABSOLUTISTA.
LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL.
LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ.
LA REVOLUCIÓN DE 1868.
CONCLUSIÓN SOBRE BALEARES.
BIBLIOGRAFÍA DE BALEARES.
LA DESAMORTIZACIÓN EN BALEARES.
HISTORIOGRAFÍA
Y METODOLOGÍA.
Faltan estudios
globales sobre toda la evolución de la desamortización en Baleares y debemos
sustituir esta carencia con la unión de textos que presentan lagunas inmensas.
No hay
monografías sobre la desamortización de Godoy, así como la del Trienio Liberal,
y tampoco sobre los últimos años, a partir de 1865. Aún más, los estudios más
ceñidos al tema, los de Ferragut Bonet [1974] y Grosske Fiol [1979] sobre las
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, respectivamente, adolecen de graves
errores de método de investigación y de carencia de una bibliografía amplia que
aposente los hallazgos. Por su especificidad hemos creído más oportuno
considerarlos en un capítulo especial de historiografía, porque el lector puede
fácilmente incorporar sus datos a los apartados correspondientes.
Ferragut.
La autora,
al estudiar el periodo 1836-1846, parte de una total falta de datos sobre la
situación de la propiedad amortizada, tanto eclesiástica como civil, antes y
después del periodo que estudia, por lo que no podemos saber el valor y
extensión de la propiedad desamortizada desde 1798 hasta 1836 ni los datos
sobre la que quedaba en este último año. Su estudio nos informa que apenas unas
pocas fincas quedaron sin vender [p. 157] pero no nos dice cuántas se habían
vendido desde principios de siglo, lo que sería disculpable pues escapaba del
periodo que se propuso estudiar, ni cuántas quedaron sin poner siquiera a la
venta (hay pruebas de que fueron bastantes más de las que no se vendieron por
no salir a la puja), lo que ya es más criticable pues ello invalida todos sus
porcentajes.
Estos errores de la investigación de Ferragut
han influido negativamente en los posteriores estudios, tanto nacionales como
isleños, sobre Baleares, como se puede ver en los claros errores matemáticos y
de interpretación en Rueda [1986: 151-152] o la aventurada generalización de AAVV
en Història de Mallorca [1982: II, 206], negando todo
dominio sobre la tierra a la Iglesia y al campesinado, dando la absoluta propiedad
a la nobleza.
Mi opinión
es que el claro predominio de una forma de propiedad no puede interpretarse
jamás como la completa negación de las otras formas, sino que deben estudiarse
cuantitativamente los datos antes de generalizar.
Es
criticable también que la referencia a la cuantía e importancia de la propiedad
eclesiástica (y de su influencia y poder económicos) se limite a estas breves
líneas: “Hasta este momento los Conventos habían tenido una gran importancia en
la Isla, no sólo por su número y el número de religiosos — un fraile por cada 224 almas— sino también por su defensa del régimen absolutista. Su
supresión significó el fin de una influencia dominante en la isla” [p. 157].
Según esto la influencia de la Iglesia se habría extinguido hacia 1836 para no
retornar nunca más, lo que choca frontalmente con todo lo que sabemos de los
dos últimos tercios del siglo XIX. Es cierto que en 1835 había 764 religiosos y
358 religiosas, mientras que en España había uno por cada 431, pero eso aún
magnifica más el papel económico del clero en la economía de la isla, en vez de
reducirlo y cuestiona la poca relevancia económica que la autora le otorga.
Según la
autora la “Desamortización del Trienio Liberal no tuvo mucha importancia por su
poca duración” (pagos de 4,39 millones de reales), pero no establece a quienes
afectó, como beneficiarios (y su posible coincidencia con los compradores en la
época isabelina) ni como víctimas, ni el proceso paralelo de ventas voluntarias
(y por lo tanto no derogadas en 1823) de la Iglesia que Fontana [1978] tan bien
ha documentado para los conventos del Socorro de Ciudadela (Menorca) y de San
Vicente Ferrer de Manacor (Mallorca) y que debieron ser comunes a los demás
conventos bajo toda lógica, a lo que la autora hace leve mención en las líneas
finales de su conclusión [p. 158]. Tal parece que crea que la presión fiscal
del absolutismo pudo concentrarse solamente en esos conventos y no en los
demás.
En la
desamortización de Mendizábal no hace referencia alguna a uno de los compradores
más importantes: José Safont [Tomás y Valiente, 1988: 169], miembro de la
camarilla política de Mendizábal y uno de los capitalistas emergentes de la
época. Una ausencia que pone en entredicho su por otra parte prolija relación
de compradores.
Igualmente
la autora reduce el valor de los bienes vendidos a una tasación de 7,28 millones
de reales, con un remate de 25,69 millones (puja de 252 %), con una superficie
del 0,37 % de la Isla. Esta mínima cuantía de extensión del cambio de propiedad
guarda evidentemente relación con su afirmación de que cambió la titularidad
pero no produjo modificaciones esenciales en la estructura de la propiedad,
pero no se relaciona con su otra afirmación de que al mismo tiempo acabó con el
poder económico de la Iglesia y que la desamortización tuvo “una importancia
grande”. Muy débil debía ser la Iglesia cuando se pretende que sólo tenía un
0,37 % de Mallorca. Lo cierto es que la Iglesia tenía muchas más propiedades
pero que las vendió o perdió antes y después de este periodo.
No menciona
asimismo las propiedades amortizadas de propios y baldíos (abundantes en los
montes y eriales, sobre todo en las marismas), que en algunos casos eran
bastante importantes, por lo que no sabemos si se vendieron por otro cauce
(seguramente la mayoría ya fueron desamortizadas desde principios de siglo) o
si se decidió que no se vendieran.
Asimismo
Ferragut afirma que aumentó la tributación de resultas de salir al mercado
estas propiedades antes exentas, sin aportar datos sobre el aumento de
contribución. Lo cierto es que la ocultación de rentas (costumbre tradicional
de la isla ya entonces) fue inmensa y que los ingresos bajaron en realidad,
como ha demostrado Artola.
También me
resisto a considerar válidas las generalizaciones sobre qué clase de
compradores hubo: un 53,2 % comprando un 2,7 % de las tierras y el 46,9
restante el 97,3 % de la superficie “repartida”, pues con tan pequeña cantidad
de tierra implicada es imposible hacer una extrapolación. Más interés tendría
conocer la lista de compradores de tierras de la Iglesia desde principios de
siglo así como la movilidad de la propiedad y la subdivisión de estas fincas.
Encontramos que la pequeña y mediana propiedad se afianzó durante el primer
tercio del siglo XIX independientemente de la desamortización de Mendizábal,
conviviendo con una gran propiedad que permaneció tan pujante como a finales
del siglo XVIII, como se refleja para el municipio de Artà [Alzina, 1977].
Y una última
consideración crítica, referente a la bibliografía general y especial que
emplea: los errores continuos en la ortografía de los nombres, en los títulos,
en las fechas de edición y en el número de páginas, a veces exactamente los
mismos que se encuentran en otras obras sobre el tema, sugieren que no comprobó
personalmente antes los datos de su bibliografía en los propios textos y que
confió en fuentes indirectas para su redacción. Igualmente criticable es que no
mencione los primeros libros generales o trabajos especializados sobre el tema
que ya habían publicado tiempo antes autores tan fundamentales como Artola,
Herr o Sarrailh.
Todas estas
críticas no empiden valorar que la tesis de licenciatura de Ferragut es una
piedra angular de la historiografía del tema en Baleares y que muchos de sus
errores son los propios de los pioneros que deben avanzar por terreno virgen.
Grosske.
Los dos
trabajos del investigador se refieren a la desamortización de Madoz, el más
general narra los 10 años entre 1855 y 1865 [1979] y el otro estudia la actitud
de la prensa mallorquina y hace unas referencias a la desamortización en toda
España [1980].
La posición
de Grosske (desde una ideología progresista) es que la desamortización fue una
de las reformas necesarias en la eliminación del Antiguo Régimen, puntualizando
con acierto las diferencias entre la línea de Ponson, Tomás y Valiente y la
mayoría de autores, que mantienen que la burguesía montó el proceso para
conseguir las tierras, y la línea de Herr, para quien la burguesía no mejoró
sus posiciones de partida. También expone las diferencias entre los que
buscaban la mejora de la Hacienda y los reformistas de la estructura de la
propiedad rural (Flórez Estrada). El autor busca la imparcialidad más objetiva
entre las diversas posiciones.
La
estadística le da un resultado “sorprendente”: en el periodo 1855-1865 sólo se
vendió el 1 % de la superficie de la isla, por lo que concluye que no hubo un
cambio radical de la estructura de la propiedad [p. 97]. También se evidencia
que la gran mayoría de las fincas rústicas (y también en valor y extensión)
pertenecían a los propios, mientras que el clero poseía ligeramente más fincas
urbanas.
También
destaca que en esta época el total de fincas urbanas se acerca mucho en valor
al de las fincas rústicas y que estas se concentraban en 22 municipios. La
división de la gran propiedad se produjo sólo en Llucmajor y Sa Pobla [p. 98].
Las ventas se concentraron entre 56 y el 60, para casi desaparecer desde 1862,
con altas pujas, lo que permite a Grosske concluir que había una favorable
coyuntura económica y una fuerte demanda de tierra. Las clases sociales
compradoras están claramente definidas: un grupo de 18 grandes propietarios,
mientras que los pequeños propietarios pudieron comprar un porcentaje
significativo de las tierras (29,54 %), lo que viene a concluir que su posición
de partida debía ser muy semejante y que la burguesía no acaparó las tierras.
En resumen,
puede alabarse al autor por la modestia de sus planteamientos sobre la importancia
de la desamortización de tierras, ya que insinúa que debió ser menos importante
que la de los censos. Con tan escasa dimensión de lo vendido el impacto sobre
la sociedad y la economía debió ser mínimo, y queda por explicar qué es lo que
cambió la estructura de la propiedad rural en Mallorca. Es evidente que la
carencia de una documentación satisfactoria haría que mayores ambiciones fueran
aventuradas.
Su trabajo
sobre la prensa mallorquina se basa en el método propuesto por Jarque [1972-73]
y muestra la estrecha relación entre la prensa de la isla y la de escala
nacional, que suministró los artículos más densos sobre el tema. Los periódicos
“Diario de Palma” (conservador
católico), “El Balear”
(moderado), “El Genio de la Libertad”
(progresista) y “Iris del Pueblo” (demócrata)
testimonian su dependencia económica de los grupos de presión que estaban tras
los partidos más representativos de la época, reflejando fidedignamente sus
doctrinas sobre la desamortización.
Grosske
sigue los aspectos políticos, jurídicos, económicos y sociales del tema. Para
los conservadores y moderados la desamortización era un elemento
desestabilizador (sobre todo en las relaciones con Roma) y un atentado al
derecho de propiedad (se discutía la dudosa legalidad de la intervención del
Estado y de la impugnación fáctica del Concordato). Los progresistas defendían
las ventajas para la Hacienda y el bienestar económico del país, pasando por
alto los padecimientos del clero y de los municipios expropiados. En lo social
la prensa refleja los debates doctrinales entre los que propugnaban una reforma
de cariz social (con reparto entre los pequeños propietarios) y los que
atendían sólo al remedio de la Hacienda.
HISTORIA DE
LA DESAMORTIZACIÓN EN EL SIGLO XIX. EL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
Hacia 1799
la estructura social de la Mallorca rural era relativamente equilibrada para lo
usual en la España del siglo XVIII. Los grandes terratenientes absentistas, los
famosos botifarres (8,38 %), dominaban la pirámide, con los pequeños
propietarios y arrendatarios (25,84 %) dando una cierta moderación al conjunto,
jornaleros (54,58 %) y los pobres (11,20 %). Mallorca era la región con mayor
porcentaje de pequeños propietarios y arrendatarios y la segunda (tras
Andalucía) en porcentaje de jornaleros. Pero este desnudo dato esconde que los
arrendatarios más favorecidos fueron los componentes de un reducido grupo de
mercaderes que casi monopolizaron poco a poco durante el siglo XVIII la
producción de aceite de oliva y mucha de la de trigo (junto a su importación) [AAVV.
1982: 134]. Este grupo podía especular con los precios de los alimentos y
acumular capital, lo que le permitió acceder en muchos caso a la aristocracia y
conformar la burguesía que constituiría en el siglo XIX la vanguardia del liberalismo
isleño.
Finalmente,
la isla era deficitaria permanente en cereales, objeto de una especulación que
beneficiaba claramente a las clases dominantes [AAVV. 1982: 131], propietarias
de las grandes fincas (possessions) que acaparaban las mejores tierras
de cultivo, en un sistema de vinculación (mayorazgo y l’hereu) común al
resto de España.
El ministro
de Hacienda de Godoy (desde 1798 a 1808) fue el mallorquín Miguel Cayetano
Soler, al que tocó promover las más duras medidas desamortizadoras del periodo.
Sería interesante estudiar su relación con la Sociedad Económica de Amigos del
País y hasta qué punto el programa de reforma agraria de ésta influyó en sus
ideas desamortizadoras. Según Moll [1973: 91-116] este programa era más bien de
reformas técnicas en el cultivo, aunque le debió influir el Informe de Ley
Agraria de Jovellanos para la Sociedad hermana de Madrid en 1783; si no tuvo en
Mallorca el poder de desarrollar su programa (ni siquiera en la creación de un
Pósito de granos o de una Compañía de Comercio) en cambio Soler pudo realizar
algunos de sus puntos respecto a la movilización de la propiedad rústica, en la
llamada desamortización de Godoy.
Faltan por
completo datos sobre las consecuencias de la desamortización en Baleares por
estas fechas pero todo parece indicar que las ventas directas a consecuencia de
la legislación fueron muy pocas, sobre todo por la falta de tiempo para su
aplicación antes de la crisis de 1808, pero que en cambio fueron más elevadas
las promovidas por el mismo clero (o cuando no, las hipotecas), para poder
pagar las contribuciones especiales a las que la sometió el régimen, lo que
explica gran parte de la enemistad que el clero y los jornaleros y pequeños
arrendatarios afectados por el agravamiento de los arriendos y el impuesto
sobre el vino manifestarían a Godoy y a su ministro en los motines de 1808.
¿Quiénes compraron las fincas en este periodo, por ventas voluntarias o
forzosas del clero? ¿Quiénes sustituyeron a los grandes mercaderes
arrendatarios, que desde 1798 aproximadamente comienzan a dedicarse a otras
actividades?
Todo indica
[AAVV. 1982: 135] que fueron los campesinos arrendatarios, beneficiados por la
ausencia de impuestos directos sobre unas propiedades que eran en último
extremo de las clases privilegiadas y por el aumento de los precios agrícolas
(con puntas tan extremadas como las que se dieron en los conflictos bélicos y
en las frecuentes carestías, casi anuales desde 1791). En cambio los pequeños
propietarios no pudieron emerger de la constante penuria debido a los diezmos e
impuestos que les gravaban. Una situación que no cambiaría hasta Mendizábal.
La base de
la economía eclesiástica no fue nunca la propiedad rústica, aunque no fue tan
escasa como el 2 % aproximadamente que los estudios antes mencionados aventuran
basándose en datos parciales, sino la constituida por los censos [AAVV., 1982:
147], que fueron desamortizados masivamente a partir de 1837, aunque faltan
estudios concretos sobre el tema. Se da pues el caso de que el asunto en el que
la desamortización más influyó está ayuno de un estudio pormenorizado, lo que
revela las grandes lagunas que quedan aún por cubrir.
En cuanto al
conservadurismo político de esta sociedad estamental, Miguel de los Santos
Oliver [1901: 491] nos dice: “Mallorca era tenida en el resto de España por los
hombres que dirigían el movimiento reformador y por los que procuraban
detenerle, como un baluarte del Antiguo Régimen, no ya de la España
genuinamente tradicional, de la España monárquica y federativa, sino de la
España decadente y despótica del siglo XVIII”.
Ello fue
tanto por su aislamiento geográfico, que la apartaba del movimiento de las
ideas liberales, como por la masiva inmigración de la nobleza (unos 30.000
individuos) y el clero (3.000 sacerdotes) que huían de la guerra en la
Península. Miles de reaccionarios se agolpaban por toda la ciudad y luego se
extendieron por muchos pueblos, no bastando a compensar esto la inmigración de
varios miles de industriales y comerciantes catalanes y valencianos.
Las islas
padecieron por la guerra a pesar de que los inmigrados trajeron nuevas
actividades. El aumento de impuestos, incluso con monetización del oro y la
plata de las iglesias, supusieron una carga financiera que contribuyó a alterar
a largo plazo la estructura social.
Decíamos
sobre los informes recabados en 1809 por la Comisión de Cortes [Artola, 1976:
tomo II, 129 y ss.], que el obispo de Menorca, el españolista Juano (expulsado
en marzo de 1810 por un motín en la isla, promovido por el clero reaccionario),
se revelaba como un ilustrado al pedir el libre comercio interior y de
exportación, al quedar como impuestos sólo los de aduanas, de lujo y una
contribución personal a pagar proporcionalmente a los bienes raíces (incluso
con un baremo progresivo) y reducir el número de conventos y clérigos a los de
verdadera vocación.
En cambio,
el ayuntamiento de Palma de Mallorca [op. cit. 314-322] se mostraba mucho más
conservador que el obispo de Menorca y no pedía reforma alguna de la propiedad
(sobre su tradicionalismo baste decir que aún exigía limpieza de sangre en los
cargos públicos). La Universidad de Mallorca [op. cit. 327-330] se atrevía al
menos a pedir que se obligase a trabajar a todo varón capaz, bajo severas penas
(alistamiento, pérdida de mayorazgos, etc.).
El obispo de
Mallorca, Bernardo Nadal, fue diputado en las Cortes de Cádiz, llegando a
presidir la comisión encargada de elaborar la Constitución de 1812. Nos falta
un estudio especializado sobre su actuación en los debates, pero parece que su
actitud fue bastante liberal en lo político y más conservadora en lo económico
y social, oponiéndose radicalmente a toda desamortización eclesiástica,
mientras que el clero mediano y bajo desarrolló una oposición mucho más
reaccionaria, compartida por muchos obispos refugiados en Mallorca y que
firmaron un célebre manifiesto en el que entre otros puntos defendían la
propiedad eclesiástica y los señoríos jurisdiccionales, lo que provocó en abril
de 1813 la expulsión de los obispos de Barcelona, Lérida, Urgel, Tarragona,
Tortosa, Teruel, Cartagena y Pamplona por las autoridades liberales de la isla.
EL SEXENIO
ABSOLUTISTA (1814-1820).
En la
exposición general citábamos a Fontana [1978: 208-212], que ha estudiado el
tema en profundidad, demostrando que hacia 1820 había conventos, como el de
Socorro en Ciudadela y el de San Vicente Ferrer de Manacor (de los dominicos)
en estado de virtual bancarrota porque habían perdido la mayoría de sus
ingresos provenientes de fincas rústicas para poder pagar los impuestos. En esta
situación Fontana concluye que hubiera sido cuestión de tiempo que la Iglesia
perdiera sus posesiones, sin necesidad de desamortizar de golpe y en masa.
Bartomeu
Barceló defiende la tesis [1961: 168-170] de que los comerciantes renunciaron
en este periodo a las aventuras comerciales (lógico cuando el comercio con
América estaba prácticamente interrumpido) y destinaron sus capitales a la
compra de las tierras de la nobleza (arruinada por los grandes impuestos
derivados de la guerra) y de las que el clero ponía a la venta. Un proceso de
inversión en la titularidad más que en las técnicas de cultivo.
En la isla
de Mallorca pasaron prisión personalidades básicas de la futura desamortización
como Canga Argüelles y Álvarez Guerra y fue fusilado el general Lacy. Era un
bastión de la reacción absolutista, juzgado como tal por todos los liberales.
EL TRIENIO
LIBERAL.
En Baleares
el Trienio Liberal fue un periodo marcado por la represión contra el clero y
los políticos conservadores. Lo demuestran hechos como el extrañamiento del
obispo de Menorca (junto a otros obispos recalcitrantes), pero había motivos
para el temor de los liberales: el motín de Palma de 1821 y la más importante
rebelión de Campos en 1822 (con una fuerte base social campesina) eran buena
muestra de la influencia absolutista en la isla.
La
desvinculación supuso el comienzo de la movilización de la propiedad rural,
antes amortizada en manos de la figura jurídica de l’hereu (similar al
mayorazgo, que también existía en la isla desde 1700), aunque luego sería
derogada esta reforma hasta el reinado de Isabel II (1836).
Se suprimen
los conventos franciscanos de Alcudia, Artá, Llucmajor, Inca, Sóller y Jesús
(Palma); se expulsa a los jesuitas, cerrándose su colegio de Montesión (en cuyo
edificio se instaló la Universidad; se extinguen la Congregación de San Agustín
y la Casa de San Cayetano el Real de Palma (Teatinos, actualmente San Felipe
Neri). Otra intervención en los bienes de la Iglesia fue la monetización del
oro y la plata de las iglesias, repitiéndose una medida de la guerra de
Independencia.
Falta un
estudio especializado sobre los artículos sobre la desamortización y desvinculación
en el Setmanari Constitucional que publicó el abogado liberal Joan
Josep Amengual i Reus, así como en los restantes periódicos del Trienio.
LA DÉCADA
ABSOLUTISTA.
Las islas se
sumergieron en una etapa profundamente depresiva al comienzo de este periodo,
con un descenso demográfico en Mallorca bastante acusado (5,5 %). De esta
depresión las Baleares que sólo surgieron poco a poco a partir de 1828 con la
reactivación de la economía internacional (la onda expansiva de los precios),
del comercio con América (patente en la década de los 30) y de la producción
agraria.
LA
DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL.
La población
de Palma en 1834 era un 25,39 % del total de la isla pero concentraba a 14
conventos con 550 frailes, y 11 conventos femeninos con 293 monjas, mientras
que el resto de la isla, en 16 conventos tenía 244 frailes, y 2 conventos
femeninos con 60 monjas. Era una Iglesia predominantemente urbana, lo que se
reflejará en el alto valor relativo de las fincas urbanas puestas en venta.
Había 6 conventos femeninos de raíz mallorquina que, por este motivo y su
escasa importancia económica, no fueron molestados ni siquiera en los momentos
más duros de la desamortización [Sáez, 1985: 283, los reduce a 5]: Hermanas de
la Caridad de Manacor, Terciarias Franciscanas de Manacor y Terciarias
Franciscanas “Ses Mestres” de Porreres, Hijas de la Caridad y Hermanas
Trinitarias de Felanitx, y Hermanas de la Pureza de Palma. Su importancia
futura en la enseñanza es manifiesta para todo conocedor de la realidad
mallorquina.
La
desamortización [Ferragut] alcanzó una intensidad y rapidez notables, afectando
sobre todo a los edificios fundamentales de las Órdenes regulares, salvándose
sólo los Concepcionistas de Sineu y las Órdenes femeninas. El 89,4 % del valor
de remate perteneció a los bienes del clero regular y sólo el 10,6 % al
secular. No menciona Ferragut el motivo fundamental que explica la rapidez de
las ventas en el Gobierno de Espartero (1840-1843), cuando antes estaban
estancadas. La razón que acude enseguida es que las autoridades y los posibles
compradores dudaban antes ante la posibilidad de una victoria del carlismo que
les hubiera puesto en un brete (y la pérdida de las inversiones). Sólo cuando
comprendieron que la victoria liberal era permanente (1839) se aplicaron
masivamente al negocio, con tal fruición que se liquidó de inmediato comparando
Baleares a las otras regiones del país. No desdeñaron entrar en el asunto los
propios carlistas, como lo demuestra que el mayor comprador del periodo fue el
conde de San Simón, que en 1858 sería el principal apoyo de la intentona
carlista del general Ortega y del pretendiente Montemolín y su hermano.
En Menorca
la burguesía compró las 1.500 has de los agustinos de Ciudadela y el Toro, con
lo que los pequeños campesinos quedaron relativamente marginados del proceso.
En Baleares
la oposición conservadora fue tan marcada como durante el Trienio Liberal, de
modo que el Gobierno tuvo que poner bajo vigilancia al obispo de Mallorca,
señalando interventores (eclesiásticos más favorables) para la administración
de los bienes de la diócesis [Menéndez Pelayo, 1882: II, 843]. En cuanto al
obispo de Menorca, fue encausado por el Tribunal Supremo por resistirse a la
exacción del indulto cuadragesimal (que se distribuía por cuenta del Gobierno).
El principal
acontecimiento de esta reacción fue la rebelión de Manacor en el verano de
1835, que parece ser fue apoyada por el clero, pues era el momento de las
primeras disposiciones sobre la desamortización eclesiástica, opinión que nos
parece la más lógica, aunque otra línea de interpretación exime de
responsabilidad al clero, aduciendo que ya estaba muy debilitado en el campo.
Sorprende en este momento la fuerte oposición al carlismo en Palma, claramente
colocada al lado liberal, tanto en la burguesía como en las clases populares,
de modo que 1.400 voluntarios de la Guardia Nacional se amotinaron pidiendo que
a los rebeldes carlistas se les aplicaran mayores penas que las dispuestas. Tal
parece como si la oposición entre clases urbanas y rurales reprodujera el viejo
enfrentamiento de ciutadans y forans, ahora entre partidarios del
nuevo Régimen y del antiguo.
El convento
de San Antonio, en la calle de San Miguel, fue desamortizado y estuvo muchos
años sin uso hasta que en 1868 el Ayuntamiento de Palma lo destinó a los
juzgados. Igual suerte corrió el predio de realengo de Porto Pi, subastado.
Desde 1851 la
Iglesia de Baleares cambia su estrategia político-social y en vez de defender
sus posiciones económicas se apresta a dominar la enseñanza [Sáez, 1985: 284],
apoyando decididamente las congregaciones autóctonas en detrimento de las
foráneas. Quedaban en este momento sólo 9 conventos de débil economía, la
mayoría en pueblos estancados demográfica y económicamente y la hábil decisión
del obispo Salvá (obispo de Mallorca en 1851-75) permitió sacar a la Iglesia de
su postración y recuperar, si no los bienes, sí mucha de su influencia a través
del casi monopolio de la educación, tanto de las clases dominantes como de las
bajas. Fue una lucha por la vuelta a la pureza evangélica en la que la pobreza
era una virtud y una necesidad pues en cuanto se saliera de ella podía darse la
desamortización de los nuevos bienes. Desde 1851 a 1915, durante los obispados
de Salvá, Jaume, Cervera y Campins baste señalar que se alcanzaron los 95
conventos femeninos (de 17 Ordenes) y 18 masculinos (de 5 Ordenes), con
absoluto predominio de la baza femenina, uno de los puntales del
conservadurismo mallorquín durante un siglo, tanto en el campo como en la
ciudad. Mientras, la educación masculina de las clases altas quedaba bajo el
dominio clerical y la de las clases bajas se entregaba en manos de la escuela
pública.
Ya en el
Trienio Liberal la nobleza comprendió pronto las grandes ventajas que ésta le
daba para conseguir capitales a los que podía dedicar a otras actividades más
rentables (comercio americano, industria, especulación financiera) y para pagar
sus crecientes deudas. La forma que adoptó esta venta fue a veces por la
parcelación y subasta entre los cultivadores, lo que favoreció la división de
la propiedad y el acceso a ésta de los pequeños cultivadores y otras veces se
vendió en bloque. Pero la clase social más beneficiada fue la de los grandes
arrendatarios del periodo anterior, con el suficiente capital para comprar no
sólo las pocas tierras de la Iglesia puestas en venta sino las rentas censales
y, sobre todo, las muchas tierras nobiliarias que se vendieron en bloque. El
motivo en estos casos no era la especulación sino el endeudamiento por lo que
los compradores gozaron de fuertes plusvalías y procedieron en las décadas
siguientes a la parcelación y la venta de las grandes fincas rústicas: un
proceso en el que Juan March alcanzó grandes beneficios en el siglo XX,
siguiendo una práctica muy arraigada en la burguesía mallorquina.
Gomila
Gasoliva [1976] ha estudiado en Menorca los efectos de la desvinculación,
comprobando que apareció un reducido grupo de burgueses (comerciantes de Mahón
casi todos) que compraron las tierras de la arruinada aristocracia de Ciudadela
y finalmente emparentaron con ella a lo largo del siglo XIX. Una nobleza que
había mantenido casi inalterables sus propiedades desde el siglo XIII vio
truncado su dominio en apenas 50 años.
Se ha
señalado que entre 1834 y 1860 la proporción de propietarios entre los vecinos
de la isla se incrementó notablemente [Moll; Suau; 1979: 118], pasando de 18,62
% a un 22,60 %, mientras que la proporción de jornaleros bajó de un 55 a un
49,40 %. Este proceso adquirió aún mayor velocidad en las décadas siguientes y
es una de las explicaciones del conservadurismo de la sociedad mallorquina,
pues los pequeños propietarios eran defensores acérrimos de sus nuevas
adquisiciones y eran enemigos declarados de las nuevas ideas socialistas.
Comentábamos
arriba que los censos eran la principal fuente de recursos económicos de la
Iglesia mallorquina y que fueron desamortizados masivamente a partir de 1837,
pero que faltan estudios especializados sobre el tema. ¿Hasta qué punto dañó
esto al clero? Es manifiesto que la mayoría de nuestro clero se incorporó al
partido apostólico y apoyó los intentos carlistas de apoderarse de las islas,
junto a los jornaleros y propietarios campesinos más pobres y una minoría de
nobles. Ya George Sand (por lo demás muy crítica con el derribo del convento de
Santo Domingo y otros, por su valor artístico) había escrito en 1838 [p. 166],
comentando los motivos de la inclinación carlista de la isla, aparte de su
clericalismo: “Dentro de 20 años no quedarán aristócratas terratenientes en
Mallorca [...] Los nobles son ricos en inmuebles, pobres en rentas y están
arruinados por los préstamos”. Recoge también Sand el ánimo de los clérigos y
nobles en decadencia que acusaban a los judíos (los xuetes) de tener en
arriendo toda la isla, como grandes mercaderes arrendatarios (lo que explica
retrospectivamente la sorprendente pervivencia del antijudaísmo entre las
población católica mallorquina durante todo el siglo XIX). En todo caso sus
palabras fueron proféticas, aunque se tardó algo más. Los nobles que no
aprendieron a competir en la economía del siglo fueron arrumbados por la
Historia.
Extrapolando
esta situación a la de otras provincias mejor estudiadas podemos llegar a la
hipótesis de que la supresión de los diezmos y la desamortización de los censos
y de las tierras eclesiásticos supuso para una mayoría del campesinado y de los
grupos sociales que vivían del Antiguo Régimen un descenso en sus ingresos, con
una transferencia de rentas a favor de los nuevos propietarios y censalistas,
pero faltan estudios que lo comprueben fehacientemente.
¿Cómo afectó
a la población y la economía de las islas la desamortización y la desvinculación?
Todo indica que muy positivamente, aunque no fue el único factor progresivo. La
expansión del comercio americano, la seguridad en el Mediterráneo y las mejoras
sanitarias se aliaron a la mejora paulatina de las condiciones de vida rurales
para permitir entre 1845 y 1857, en apenas 12 años, un vigoroso aumento
demográfico de un 15,5 %, sin parangón en la historia de Mallorca y este
aumento siguió con fuerza hasta finales del decenio de 1880 (la crisis de la
filoxera). Nuevos cultivos, como la patata y el almendro, y entre 1860 y 1880
la vid, con una ampliación de los regadíos, mejoraron las rentas agrarias,
atrayendo nuevos capitales para la modernización del campo.
LA
DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ.
En Baleares
los liberales cargaron enseguida contra el clero conservador. De las primeras
decisiones de la Junta provisional [Durán, 1980: 16] fue la desocupación y
derribo del convento e iglesia de San Felipe Neri (entonces a un lado de la
actual Plaza Mayor) y no cabe extrañar que con tales medidas la oposición
clerical fuese una repetición de las anteriores.
Baleares era
una sociedad aislada y patriarcal, que se inclinaba de un modo natural al
carlismo y a sus posiciones apostólicas y si éste no triunfo en las islas fue
porque su tamaño e insularidad impedían cualquier resistencia a una ofensiva
isabelina y ello era notorio para todos.
Según
Grosske (a cuyo anterior comentario me remito para esta parte) la Iglesia fue
poco afectada en este periodo, incidiendo en todo caso más sobre el clero
secular que sobre el regular.
LA REVOLUCIÓN
DE 1868.
En las islas
Baleares fue la Revolución de 1868 el acontecimiento político que mejor
demostró los cambios que había producido la desamortización y sobre todo la
desvinculación (con mucho la reforma más importante para las islas) en una
sociedad que pugnaba por incorporarse a la modernidad pero con fuertes
resistencias del Antiguo Régimen, una tensión que se reflejó en los
acontecimientos.
Según el
archiduque Luis Salvador en 1870 los 40 mayores propietarios poseían 65.000 has
en Mallorca (17,9 % de la superficie), pero lo cierto es que los nobles poseían
ya sólo el 9,8 de la tierra y los porcentajes de la burguesía y del pequeño
campesinado crecían sin cesar. La nobleza había claudicado ya en la lucha por
el predominio rural.
Durán [1980:
247] señala que la vida rural del pequeño y mediano labrador en 1868 era la de “una
explotación agrícola progresivamente de tipo familiar, con un auténtico y único
peligro: el riesgo de despojo de la tierra por el hacendado o por el acreedor”.
Una sociedad
conservadora y ancestral, en la que no calaban las reformas con facilidad. La
misma burguesía, débil y desunida, parecía más deseosa de mantenerse por encima
del proletariado que de enriquecerse y por ello pactó repetidamente con la
nobleza y el clero, aunque no rechazó las oportunidades de comprar fincas
desamortizadas. Más es evidente que quienes más beneficiaron de esas compras
fueron los pocos nobles que tenían liquidez monetaria y que eran los mismos que
habían captado el espíritu de los nuevos tiempos, entrando mucho antes en las
compañías navieras y mercantiles. Aristócratas como el conde de San Simón
fueron los que se beneficiaron más de la desamortización, pero no con un ánimo
de mantener latifundios sino de especular con las nuevas tierras al repartirlas
y venderlas.
Durán,
estudiando las repercusiones en Mallorca de la Revolución de 1868, escoge un
texto de la época (del cronista de la Revolución Española de 1868, p. 7) para
resumir acertadamente la situación:
“No se culpe
a los baleares del carácter que tuvo su expansión porque propio es del afligido
cuando se queja señalar la parte donde le duele el mal. Las provincias baleares
son de las más feudales que hay en España; son las que guardan más huellas de
los antiguos señoríos, y esto explica porque en esta ocasión atacaron
instituciones que fueron respetadas en otros lugares”.
¿Sufrió la
Iglesia en el periodo 1868-1874 un golpe semejante al de 1835-1843 ? Todo
indica que aunque vio mermadas sus propiedades en cambio no sufrió un acoso ni
un debilitamiento comparable. Durán parece seguir la tesis de Vicens Vives de
que hacia 1868 la Iglesia de Mallorca era lo bastante fuerte y activa como para
superar sin grave quebranto la nueva arremetida anticlerical, manifiesta en
medidas como que el patrimonio artístico fuera incautado bajo la
responsabilidad directa del gobernador Seriñá. También Ses casetas d’es
Mirador, propiedad del Cabildo Catedralicio, fueron motivo de
enfrentamiento con el Ayuntamiento de Palma, que las derribó. En Andratx el
Ayuntamiento republicano se enfrentó al obispo por la propiedad de la iglesia
de S’Arracó, del predio de San Telm y del cementerio de Andratx.
Pero no
todas las medidas eran agresivas: en Palma se combatió el paro con iniciativas
de obras públicas como la apertura de la calle de San Elías en terrenos
procedentes del convento del Carmen de Palma.
Para hacer
frente a las necesidades de la Hacienda Pública se subastaron con urgencia
varios bienes que habían escapado a las anteriores desamortizaciones.
Durán [1980:
191-192] las relaciona: 1. Predios de las Tosas de Escorca, Aubarca, C’an Alou
de Felanitx —tasado en 10.359 escudos— y Hort vell de Felanitx -en 4.511,9 escudos- (los cuatro,
vendidos por separado, eran de la cofradía de San Pedro y San Bernardo). 2.
Predio La Elia de Petra (del ex convento de Menores). 3. Tierras del convento
de Santa Catalina de Sena en Petra. 4. Derecho de agua (iglesia de
Banyalbufar), tasada en 866,025 escudos. 5. Hacienda C’an Mateu, en parroquia
de Jesús (catedral de Ibiza), tasada en 5.700 escudos. 6. Predio Garriga
tancada (de los bienes comunes de Sa Pobla), tasado en 1.836 escudos. 7. Hostal
en Sineu (del extinto convento de Mínimos). 8. Tierras eclesiásticas en
Mercadal de Menorca. 9. Cuatro fincas rústicas del clero en Petra.
Como vemos
había una pequeña finca urbana, un derecho de agua y, sobre todo, fincas rústicas
de la Iglesia. Mención aparte para una finca de los bienes de comunes.
Además se
vendieron los bienes en Mallorca de la diócesis de Barcelona (orden del
Ministerio de Hacienda de 17 de noviembre de 1869), cinco fincas de realengo en
Alcudia y se arrendó por cinco años la finca urbana de S’Hort del Rei en Palma.
CONCLUSIÓN
SOBRE BALEARES.
Las
principales tesis básicas son:
- Faltan aún
muchos estudios sobre el tema, sobre lo ocurrido antes de 1836, sobre las
ventas voluntarias de tierras por la Iglesia para pagar las contribuciones
durante la crisis fiscal de finales del Antiguo Régimen y sobre los censos.
- La
desamortización fue menos importante por las tierras vendidas que por el cambio
de titularidad de los censos y por el impacto psicológico que tuvo sobre la
sociedad.
- Mucho más
importantes fueron la desaparición de los diezmos eclesiásticos y la
desvinculación de los mayorazgos y tierras de l’hereu, que permitió (y
liberó) a la aristocracia vender sus tierras a lo largo del siglo.
- La Iglesia
sobrevivió y se adaptó con éxito a los nuevos tiempos, apostando por el
monopolio de la enseñanza y una nueva moral de pobreza.
- El proceso
de cambio de la estructura de la propiedad agraria y de su economía comenzó
mucho antes, a finales del siglo XVIII, con un lento descenso de la propiedad
nobiliaria y el correlativo ascenso de la burguesía rural, favorecida por el
negocio de los repartiments de finales del XIX.
- Este
movimiento de la propiedad devino en una agricultura relativamente moderna,
basada en monocultivos comerciales de productos claramente competitivos en los
mercados internacionales (vid, almendro, legumbres, patatas, higos, cítricos),
con un aumento del precio y de las rentas de la tierra.
- El campo
mallorquín del XIX, en definitiva, no supuso una rémora para la economía isleña
sino un factor de estabilidad demográfica y social, amén de una importante
fuente de acumulación de capital, que con el tiempo se invertiría en sectores
industriales, comerciales y financieros, antes de encontrar el vellocino de
oro: el turismo.
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