Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

martes, 31 de diciembre de 2013

Sudán del Sur: la situación actual.

            Sudán del Sur: la situación actual.



Capital: Yuba. Superficie: 619.745 km². Población (2012): 10,334 millones. Densidad de población (2012): 13,33 hab/km². Índice de desarrollo humano (IDH 2012: 0 mínimo, 1 máximo): 0,32. PIB/h (2012): 1.200 dólares.

Economía.
Sudán del Sur, el más reciente de los países africanos, alberga grandes recursos naturales en agricultura, ganadería, bosques y sobre todo petróleo y gas. Pero las continuas guerras impiden la explotación de la mayoría de este potencial, por lo que la miseria se ha extendido por doquier..

Sociedad.
La inmensa mayoría de la población sigue la religión católica y el animismo, en contraste con el norte musulmán, lo que explica en gran parte su escisión de Sudán. La  pobreza es extrema para casi toda la población salvo los militares y sus familias. El país depende sobre todo de la ayuda humanitaria internacional, con cuatro millones de personas desplazadas (dos millones fuera del país) recibiendo alimentos de la ONU y las ONG. La mayoría de los niños no acuden a las escuelas, donde son atacados, violados, asesinados o secuestrados para ser enrolados en los ejércitos.

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Campamento de refugiados. [http://www.eldiario.es/desalambre/Sudan-Sur]

Política.
El país padece las consecuencias de un largo conflicto civil en su lucha separatista, así como la inestabilidad política interior al no estar bien asentadas las libertades públicas y al perdurar la enemistad con el enemigo norteño, con combates recurrentes en la frontera, mal definida. La guerra civil finalmente ha estallado en diciembre de 2013 entre el presidente Salva Kiir y el vicepresidente Riek Machar, y entre sus respectivas etnias.

Sudán del Sur: la tragedia que no cesa (VII-2016). Deutsche Welle (en español). Tres minutos.

Iliana Mier-Lavin explica en Tercera guerra civil en Sudán del Sur [“El País” (28-XII-2013)] la violencia imperante en el país, en un tono claramente pesimista:
‹‹En Sudán del Sur no hay pueblos. Los tukuls, las chozas familiares, se levantan lo más distanciados posibles entre ellos, a menudo hay más de una hora a pie entre un vecino y otro”, comenta una funcionaria de la Unión Europea que trabaja en Yuba. “Durante la última guerra civil, vivir en comunidad significaba ser atacado una y otra vez por los grupos armados así que la gente decidió vivir lo más alejada posible para sobrevivir”. La guerra civil que asoló Sudán del Sur entre 1983 y 2005 —fue la segunda puesto que hubo una inicial de 1955 a 1972— ha marcado la vida cotidiana del país más joven de la comunidad internacional. Desde que se desató la violencia el pasado día 16, un cuarto de millón de personas han emprendido de nuevo la huída intentando evitar a las diferentes facciones que luchan entre sí.
Sudán del Sur obtuvo la independencia de Sudán en junio de 2011 entre la euforia de sus ocho millones de habitantes agotados tras 22 años de conflicto, dos millones de muertos y casi un millón de refugiados y desplazados. La nueva nación es rica en petróleo y tiene alguna de las tierras más fértiles de África pero es tan subdesarrollada que cuenta apenas con 60 kilómetros de carreteras asfaltadas y no tiene red eléctrica. Más del 70 % de sus ciudadanos tiene menos de 30 años lo que significa que solo han conocido la guerra y menos de una cuarta parte de la población sabe leer y escribir. Un caldo de cultivo peligroso para comenzar una nueva andadura que en escasamente dos años y medio se ha topado con un antiguo bache: la falta de visión conjunta de las más de 60 etnias que viven en su territorio y el recurso a la violencia como primera opción.
La guerra civil de los años ochenta y noventa, a menudo erróneamente simplificada como una lucha entre norte y sur, fue una carnicería entre los múltiples grupos étnicos de la región —dinka, nuer, murle, shilluck y las docenas de tribus de la región ecuatorial— que luchaban por obtener sus cuotas de poder político y social en el futuro estado. Las luchas internas causaron más muertos y destrucción que el conflicto contra Jartum en sí. Es más, fue únicamente la existencia del enemigo común, Sudán, lo que consiguió que temporalmente aparcaran sus diferencias y acudieran juntos a las negociaciones de paz que desembocaron en un referéndum de secesión.
Las rencillas entre tribus se barrieron debajo de la alfombra y las tentativas de reconciliación nacional nunca fructificaron. Los líderes militares durante la guerra pasaron sin transición a ser las figuras políticas del nuevo país. Hombres como Salva Kiir, Riek Machar y Lam Akol, que ya en los noventa fueron responsables de las sangrientas escisiones internas en el movimiento rebelde contra Sudán, se encontraron de nuevo en el Ejecutivo y el parlamento administrando un país. Cada decisión, desde el reparto de ministerios hasta la elección de dónde se construía un hospital rural, se percibía a través del prisma étnico intensificando sentimientos de agravio y de marginación. Si un candidato de la etnia murle no obtenía un escaño en unas elecciones, lo achacaba a una conspiración política contra su tribu y rápidamente lograba apoyos para iniciar una rebelión. Una disputa por pastos para el ganado a nivel local se convertía rápidamente en una disputa nacional. Lo que es un país con estructuras más sólidas se podría resolver por la vía judicial, en Sudán del Sur se resuelve a través de las armas.
La mayoría de las etnias han visto que los dinka, el grupo mayoritario, ha ido acaparando poco a poco todo el poder. El presidente Salva Kiir, un dinka, confirmaba estos temores dando pasos cada vez menos disimulados para eliminar cualquier futura competencia política, incluso dentro de su propio partido. La gota que colmó el vaso fue la expulsión del Gobierno en junio pasado del segundo hombre fuerte del país, el vicepresidente Riek Machar (de la etnia nuer) que había comunicado públicamente sus intenciones de ser candidato presidencial en 2015. Kiir, que llevaba meses saboteando cualquier iniciativa de Machar dentro del Ejecutivo, lo camufló como una reorganización de su Gabinete que nadie se creyó. Pocos esperaban, dados los antecedentes de Sudán del Sur, que Machar esperara dos años para reivindicarse en las urnas. Para Boutros Biel, un abogado local que trabaja en temas de derechos humanos en Yuba, “en el momento en que el sentimiento de marginación política de un grupo toque techo y tome las armas, va a provocar un efecto dominó. Todas las demás etnias se van a volver a reagrupar y preparase para lo peor", explicaba hace escasamente un mes.
La aparición televisada del presidente acusando a Machar de promover un golpe de Estado fue ese detonante. En cuestión de pocos días las mismas dinámicas de la guerra civil se activaron de nuevo y las facciones armadas —no solo los nuer, también los murle de Jonglei y los shilluk en las riberas del Nilo— volvieron a alinearse de acuerdo con su identidad étnica, dispuestas a retomar el “todos contra todos” previo a los acuerdos de paz de 2005. Los muertos superan ya el millar y crecen los rumores de matanzas étnicas. La voluntad de negociar de Kiir llega tarde y probablemente no consiga aplacar a sus rivales que ya han visto de primera mano que en época de paz, el presidente se comporta como durante la guerra: sin ceder un ápice de poder.››
El editorial Sangre en Sudán del Sur [“El País” (30-XII-2013)] resume la trágica situación: ‹‹Lo que hace unos días en Sudán del Sur era una pelea por el poder entre el presidente Salva Kiir y su exvicepresidente, Riek Machar, durante años rivales en la guerrilla y después en el partido gobernante, se convierte aceleradamente en conflicto tribal de grandes proporciones, que amenaza la existencia del Estado más nuevo de África y uno de sus principales productores de petróleo. Más de 1.000 muertos en pocos días y más de 100.000 huidos hablan de las dimensiones de la lucha que se extiende. El Consejo de Seguridad ha acordado casi duplicar hasta 12.500 sus cascos azules para intentar detener lo que se perfila como una nueva guerra civil.
A la confusa denuncia por el presidente, a mediados de diciembre, de un intento de golpe de Estado a cargo de su rival, destituido en julio del Gobierno con un grupo de leales, ha seguido el enfrentamiento entre facciones militares de una u otra etnia: dinka, la dominante, es la de Kiir; nuer, la de Machar. Después, las atrocidades. Fosas comunes en la capital, Juba, y cadáveres arrojados en masa al río Nilo. Una milicia milenarista de jóvenes nuer, sin formación y toscamente armada, marcha contra Bor, una ciudad tomada en los últimos días por el Gobierno.
La crisis de Sudán del Sur es el resultado de décadas de guerra y dirigentes sin otra ambición que mandar. La dimensión étnica del conflicto es especialmente alarmante en un país con dos grandes tribus y una constelación de subgrupos, escindido de Sudán tras 20 años de lucha y dos millones de muertos. Tanto Kiir, progresivamente dictatorial, como Machar eran figuras clave del movimiento de liberación contra Jartum. En un ciclo bien conocido, el enfrentamiento entre antiguos aliados desintegra la unidad que acompañó el nacimiento de la nación, en 2011, en volandas de un petróleo que representa el 98% de sus ingresos.
Las recientes conversaciones en Kenia entre mandatarios regionales no han dado resultados. Y, como suele ocurrir, las fuerzas de la ONU aportan más presencia testimonial que capacidad real para detener las matanzas. Washington, que jugó un papel decisivo en la independencia de Sudán del Sur, tiene una especial responsabilidad. Su presión, combinada con la de Etiopía, Uganda y Kenia, tres de los vecinos implicados, representa la mejor esperanza para forzar un armisticio antes de que la sangre y el colapso petrolífero transformen en pesadilla el sueño sursudanés.››

Fuentes.
Internet.
[http://es.wikipedia.org/wiki/Sudán_del_Sur]
[http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Sudandelsur_FICHA%20PAIS.pdf]
Artículos.
Ayuso, Javier (texto); Pérez, Bernardo (fotos). Sudán del Sur, un país derrotado. “El País” Semanal 2.024 (12-VII-2015) 36-43.

Economía.

Gettleman, Jeffery. El petróleo envenena la paz norte-sur en Sudán. “El País / The New York Times” (23-II-2012) 2.

Sociedad.
Black, Matta. Comida que llueve del cielo. “El País” Semanal 2.108 (19-II-2017). Reportaje fotográfico sobre la ayuda humanitaria a Sudán del Sur.

Política. 
Muchler, Benno. Periodismo precario en Sudán del Sur. “El País / The New York Times” (2-II-2012) 3. El diario “Citizen” lucha por mantenerse abierto. Los militares ejercen el control editorial.
Editorial. Guerra en Sudán. “El País” (26-IV-2012) 26.
Redacción. Jartum y Yuba logran un pacto en la disputa petrolera. “El País” (5-VIII-2012) 8.
Naranjo, José. El conflicto en Sudán del Sur se encamina hacia la guerra civil. “El País” (20-XII-2013) 9. Dos facciones étnicas del ejército, los dinka del presidente Salva Kiir, y los nuer del exvicepresidente Rick Machar, pugnan por el poder en la capital. Se cometen numerosos asesinatos, solo en atención a su origen étnico, incluidos niños y mujeres.
Mier-Lavin, Iliana. Tercera guerra civil en Sudán del Sur. “El País” (28-XII-2013) 4.
Editorial. Sangre en Sudán del Sur. “El País” (30-XII-2013) 26.
Calatayud, José Miguel. El país más joven nace hipotecado. “El País” (10-VII-2011) 9. Sudán del Sur, con capital Juba, con un territorio de 640.000 km² y una población de 8,26 de habitantes.
Pampliega, Antonio. Sudán del Sur se desangra en una guerra tribal. “El País” (22-III-2014) 9.

Agencias. Matanza étnica en Sudán del Sur. “El País” (22-IV-2014) 7.
Rojas, Alberto. ‘Nos han violado a todas’. “El Mundo” (17-IV-2016). Las mujeres son las principales víctimas de la guerra civil, atacadas por los soldados.
Laorden, Carlos. La ONU declara en Sudán del Sur la primera hambruna desde 2011. “El País” (21-II-2017). 100.000 personas están en riesgo inminente de morir de hambre, en una situación desastrosa por la violencia étnica reproducida desde julio de 2016 entre los dinka y los nuer.
Valdehíta, Carolina. Sudán del Sur, el horror superlativo. “El Mundo” (9-VII-2017). Un país asolado por una cruenta guerra civil, sin expectativas de paz. [http://www.elmundo.es/internacional/2017/07/09/5960d055ca4741560e8b4586.html]


El ‘caso Gürtel/Bárcenas’ y la corrupción política.

El ‘caso Gürtel/Bárcenas’ y la corrupción política.

Luis Bárcenas en la sede del PP.

Los tribunales españoles afrontan en el polémico caso Gürtel, hoy rebautizado como 'caso Bárcenas' o 'caso Gürtel/Bárcenas' un reto fundamental para certificar su eficacia y honestidad. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley exige una investigación judicial que penetre en todos los recovecos de este asunto, que respete los derechos legales de los imputados y acusados pero que no retroceda ante ningún poderoso, por alto que sea, porque la sociedad española exige y necesita la verdad y la justicia.


Fuente: [http://www.losgenoveses.net/casogurtel/imagenes/casogurtelinstantaneas.htm]

La mayoría de los analistas inciden en que este escándalo revela la necesidad de una profunda reforma de la financiación de los partidos políticos, hacia una mayor transparencia y exigencia de responsabilidades a sus dirigentes, así como un cambio de la mentalidad social, demasiado permisiva ante la corrupción. Casi todos los partidos, en un grado mayor o menor, han participado en actividades incompatibles con la democracia, y han de comprometerse en un cambio sincero y profundo, pues la sociedad española necesita a sólidos partidos de derecha e izquierda, del PP al PSOE o con los nombres que sean, que dejen de estar en boca de todos por tantas sospechas y manchas.
Sin embargo, debemos prepararnos ante la enorme complejidad del caso, pues es probable que no se puedan probar las presuntas conductas punibles, o que estas resulten prescritas por el paso del tiempo, como ha sucedido frecuentemente en el pasado. Si ocurriera esto y no pudieran condenarse judicialmente los delitos o las faltas si los hubiera, no por ello decaerían las responsabilidades políticas y éticas de los responsables, pero entonces serían los ciudadanos quienes debieran exigirlas en las elecciones por venir.

Un editorial, Investigar con rapidez [“El País” (6-II-2013)] resume lo que casi toda la opinión pública comparte:
‹‹En paralelo con la instrucción judicial del caso Gürtel, y por el momento al margen de la misma, la Fiscalía Anticorrupción ha tomado cartas en elasunto Bárcenas con una investigación sobre la presunta caja B del Partido Popular, puesta de relieve en los documentos contables de su antiguo gerente y tesorero, Luis Bárcenas, que está citado hoy a declarar. A requerimiento de la Fiscalía, este periódico entregó ayer los papeles de Bárcenas publicados íntegramente el 3 de febrero, así como otros relativos a la contabilidad del PP de Madrid difundidos el 27 de enero. El director de EL PAÍS accedió a la entrega tras asegurarse de que eso no pone en peligro la identidad de las fuentes informantes.
La Fiscalía hace lo que debe, y solo cabe preguntarse por qué no empezó antes; por ejemplo, cuando se supo que Bárcenas sacó cajas de documentos de la sede central del PP. La ciudadanía tiene la impresión de que en España se tarda demasiado en investigar y castigar la corrupción. En todo caso, lo deseable es que los resultados se conozcan cuanto antes, dada la magnitud de la crisis política originada, su impacto en la sociedad española —la lista de empresas relacionadas con la construcción alimenta las sospechas de financiación irregular— y la enorme repercusión internacional adquirida por los últimos episodios conocidos.
A despecho de los improvisadores de argumentos, que sueñan con un cerrojazo fulminante del caso, media docena de cargos del PP mencionados en la contabilidad manuscrita han reconocido la certeza de los asientos que les afectan, frente a otros que los niegan.
Pero la polvareda levantada por este asunto no debe ignorar otra cuestión central: la fortuna acumulada por el antiguo gerente y tesorero del PP fuera del alcance del fisco. Tras el descubrimiento de una primera cuenta en Suiza en la que hubo saldos de hasta 22 millones de euros, el juez Pablo Ruz, que lleva la investigación de la trama Gürtel, ha encontrado una segunda cuenta suiza desde la que Bárcenas pagó la regularización de parte del dinero defraudado en España, al amparo de la amnistía fiscal concedida por el Gobierno. El magistrado quiere saber si otra veintena de imputados se ha acogido a esa amnistía, tras conocer que lo ha hecho al menos uno de ellos. Es el mismo juez que tomará declaración a Jesús Sepúlveda para aclarar los regalos y dádivas que él y su cónyuge —la ministra Ana Mato, de la que actualmente se encuentra separado— recibieron de Gürtel.
Mientras se deja trabajar a la Fiscalía y a la justicia, la política se muestra incapaz de llevar al Parlamento la crisis originada por la presunta corrupción y la muy cierta amnistía fiscal. El Grupo Popular vetó ayer todas las iniciativas de la oposición a ese respecto. El partido gobernante se arriesga así a convertir el debate sobre el estado de la nación, dentro de dos semanas, en una discusión sobre el estado del Gobierno y del PP.››

El editorial Responsabilidad [“El País” (21-IV-2013)] hace hincapié en la perspectiva muy crítica y creciente de gran parte de la opinión pública respecto a la financiación del PP:
‹‹El Partido Popular mantuvo una mecánica continuada entre 2002 y 2007 para burlar los controles del Tribunal de Cuentas a su forma de financiarse, según los nuevos datos publicados por este periódico esta semana sobre el caso Bárcenas. La decencia política exige una explicación convincente del PP sobre su presunta financiación ilegal, en vez de encastillarse en que todo se reduce a los manejos de un aprovechado, Luis Bárcenas, que ya no forma parte de la dirección del partido. La insuficiencia de esa tesis es palmaria en las encuestas, que muestran la pérdida de confianza ciudadana en la élite política a causa del saqueo de fondos y de la evasión fiscal: no solo de personas importantes en el PP, pero también.
La dirección de este partido se ha pasado casi tres meses ocupada en desmentir la veracidad de los papeles de Bárcenas, además de señalar su preocupación por el efecto negativo de tales informaciones para la Marca España. De ello se deduce que la presunta financiación ilegal no le parece un problema, ni las importantes sumas que le pagaron a Bárcenas (“indemnización diferida”) tras dejar el acta de parlamentario y el cargo de tesorero. El problema para el PP es simplemente que todo eso se está publicando.
Sin embargo, al caso Bárcenas le queda todavía un largo trecho judicial, cuyos efectos se añaden a la parte ya instruida sobre la trama Gürtel. Las zonas de sombra en la financiación ilegal van quedando claras y la dirección del partido gobernante cambia de táctica, pasando de la negación en bloque —como pretendió cuando EL PAÍS comenzó a publicar la contabilidad B de Bárcenas— a la amenaza a los medios de comunicación que lo difunden, principalmente este periódico y la cadena SER. El intento es inútil, porque la justicia, que ya se ha ocupado de los tejemanejes financieros del extesorero durante los decenios en que gozó de la confianza del partido, habrá de desenredar el ovillo hasta descubrir los orígenes de su enriquecimiento. También qué sucedió para que se violara la prohibición de recibir donaciones por parte de contratistas de la Administración o la limitación de 60.000 euros anuales por cada donante, mientras se aplicaban tretas para blanquear presuntamente el dinero negro obtenido y depositar en una cuenta bancaria solo una parte reducida de las donaciones privadas. De paso se ha sabido de sobresueldos pagados a dirigentes populares cuando estaban en la oposición, entre ellos José María Aznar.
Los excesos cometidos en la financiación ilegal de la política necesitan que la opinión pública conozca esas trapacerías para hacerlas cada vez más arriesgadas políticamente y, por tanto, menos frecuentes. Porque no se trata solo de exigir cuentas por hechos sucedidos en años pasados, sino de contribuir a la capacidad de disuasión contra los que pretendan intentarlo de nuevo. Solo así será posible una democracia de la transparencia y de la responsabilidad.››

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Francisco Correa, principal implicado en la trama.

Tras conocerse la primera sentencia a los jefes de la trama, El editorial Gürtel no es el pasado [“El País” (15-II-2017)] critica que el Partido Popular sigue evitando dar explicaciones sobre sus casos de corrupción:
‹‹El Partido Popular dejó transcurrir su congreso sin abordar apenas el debate del que huye desde hace años. Empujado por unos escándalos de corrupción que minaron la confianza de los españoles en la política, Mariano Rajoy intenta dar por amortizadas todas sus consecuencias. Sin embargo, el encarcelamiento de los principales empresarios de la trama Gürtel, encabezados por Francisco Correa, muestra el primer efecto directo de los escándalos y avisa de que no solo es un caso de presente sino de futuro, a causa de la considerable cantidad de sumarios abiertos y problemas como el de los papeles de Luis Bárcenas con la presunta contabilidad b del PP nacional.
[Es] una trama tentacular que no se habría desarrollado sin el oxígeno aportado por muchas personas en el PP. La credibilidad solo quedará restaurada cuando desde dentro del partido se establezca un relato de las razones por las que se permitió la apropiación de caudales públicos a través de métodos ilícitos. En Alemania, Reino Unido e incluso Francia, los dirigentes están alerta para que no pasen ciertas cosas. Y cuando ocurren suelen actuar enseguida. En cambio el PP —y no solo este partido— ha seguido el camino contrario: resistirse a reconocer los hechos y, cuando la acción de fiscales y jueces es imparable, aceptar dimisiones de cargos públicos o silentes bajas de militancia.
[Debería haber] (…) consecuencias políticas. Los juicios y sentencias frenan o condicionan los acuerdos a medio y largo plazo con un Gobierno que se apoya solo en 137 diputados. Ya no hay bloqueo político en España, pero sigue sin restablecerse una corriente de confianza hacia un partido que intenta construir una burbuja judicial en la que aislar sus problemas de corrupción.››

Bárcenas no contesta y rebate preguntas de los diputados (26-VI-2017). Agencia EFE. Dos minutos.

Fuentes.
Libros.

Ekaizer, Ernesto. Queríamos tanto a Luis. Temas de Hoy. Barcelona. 2015. 376 pp. Reseña de Altares, G. Un país en el cenagal. “El País” Babelia 1.250 (7-XI-2015) 6.

Artículos.
Zafra, Ignacio. El juez procesa al exvicepresidente y a dos consejeras de Camps por Gürtel. “El País” (13-XII-2012) 20.
Romero, José Manuel. Justicia y fiscalía frenan el archivo de Gürtel. “El País” (31-XII-2012) 11.
Hernández, José A. Bárcenas ocultó 22 millones en Suiza. “El País” (17-I-2013) 10-11. Bárcenas, el extesorero del partido, desencadena un enorme escándalo.
Hernández, José A. Una bomba en el corazón del PP. “El País” (17-I-2013) 11.
Mercado, Francisco; Sérvulo González, J. Bárcenas regularizó 10 millones ocultos. “El País” (18-I-2013) 10-11.
Mercado, Francisco. Las acusaciones de sobresueldos del extesorero abren una crisis en el PP. “El País” (19-I-2013) 10-11.
Cué, Carlos E. Despacho abierto en Génova 13. “El País” (19-I-2013) 12. Bárcenas trabajó en la sede del PP hasta la semana actual.
Casquero, Javier. El ‘caso Bárcenas’ reabre la guerra en el PP. “El País” (20-I-2013) 12-13.
Hermida, X.; Manetto, F. El PP revelará sus cuentas tras advertir Rajoy ‘que no le temblará la mano’. “El País” (20-I-2013) 13.
Manetto, Francisco. Rajoy anuncia una doble auditoría para evitar una rebelión interna. “El País” (22-I-2013) 10-11.
Redacción. Las cuentas secretas de Bárcenas. “El País” (31-I-2013) 8-9.
Fabra, María. Bárcenas documenta cómo blanqueó 11 millones con la amnistía fiscal. “El País” (31-I-2013) 12.
Ramoneda, Josep. Por una actitud democrática. “El País” (31-I-2013) 13. Insta a que el PP dé explicaciones.
Jiménez, Miguel. Dos tercios de los donativos registrados en la lista de Bárcenas vulneraban la ley. “El País” (1-II-2013) 9.
Manetto, F.; Cué, Carlos E. Rajoy niega los ingresos y descarta dimitir. “El País” (3-II-2013) 14.
Manetto, F.; Cué, Carlos E. Aguirre y otros barones pide a Rajpy que se querelle ya contra Bárcenas. “El País” (3-II-2013) 15.
Romero, J. M.; Cué, Carlos E. El huracán Bárcenas sacude al PP. “El País” (3-II-2013) 18-19. Los papeles en 20-26.
Redacción (editorial). La urgencia del debate. “El País” (3-II-2013) 38. Pide un debate y un acuerdo entre los partidos para salir del marasmo institucional.
Gutiérrez Calvo, Vera. Rubalcaba: ‘Rajoy es un lastre. Debe abandonar’. “El País” (4-II-2013) 11.
Romero, José Manuel. Bárcenas cobró 600.000 euros de un constructor y anotó solo 144.000 al PP. “El País” (4-II-2013) 12-13.
Irujo, José María. La contabilidad oficial del PP registró más de 40 millones en donaciones. “El País” (4-II-2013) 14.
Mercado, Francisco. Anticorrupción pide a Hacienda todos los pagos del PP en los últimos 13 años. “El País” (5-II-2013) 9.
Redacción (editorial). Investigar con rapidez. “El País” (6-II-2013) 26.
Fabra, María. La trama Gürtel movió más de 120 millones de Administraciones del PP. “El País” (11-II-2013) 11.
Hernández, José Antonio. El juez revela que el exmarido de Mato cobró de Gürtel más de 500.000 euros. “El País” (20-II-2013) 10-11.
Hernández, José Antonio; Romero, J. M.; Cué, Carlos E. Bárcenas declaró ante notario que había llevado una lista de donaciones y pagos del PP. “El País” (22-II-2013) 10-11.
Pérez, Fernando J. Bárcenas amasó 38 millones de euros. “El País” (26-II-2013) 10-11. El juez prohíbe al extesorero salir de España.
Ekaizer, Ernesto. Maniobras de bloqueo en Suiza. “El País” (26-II-2013) 10-11. Bárcenas intentó bloquear la llegada de la comisión rogatoria helvética.
Cué, Carlos E. Bárcenas redobla su ataque contra el PP. “El País” (27-II-2013) 10-11. Le demanda por despido improcedente.
Hernández, José Antonio; Pérez, Fernando J. La fiscalía vincula la financiación del PP con la trama Gürtel. “El País” (23-III-2013) 12-13.
Fabra, María. El juez Bermúdez reclama investigar si el PP se financió con constructoras. “El País” (26-III-2013) 10.
Hernández, José Antonio. Las cuentas internas del PP registran las donaciones ilegales de Bárcenas. “El País” (11-IV-2013) 11.
Hernández, José Antonio; Moreno, José Manuel. Bárcenas troceó ingresos de donativos para ocultar la financiación ilegal del PP. “El País” (17-IV-2013) 10-11.
Moreno, José Manuel; Hernández, José Antonio. El PP ‘blanqueó’ 1,3 millones en cinco años. “El País” (18-IV-2013) 10-11.
Fernández, M.; Pérez, F. J. El PP camufló sueldos de Aznar y su cúpula como gastos de representación. “El País” (19-IV-2013) 12.
Pérez, Fernando J. La policía confirma la letra de Bárcenas. “El País” (27-IV-2013) 10-11.
Pérez, Fernando J. Ruz expulsa al PP como acusación popular en el ‘caso Gürtel’. “El País” (27-IV-2013) 11.
Hernández, José Antonio. Ruz imputa a ocho grandes empresarios. “El País” (1-V-2013) 8.
Pérez, Fernando J. La Audiencia expulsa de Gürtel al PP por maniobrar en defensa de Bárcenas. “El País” (4-VI-2013) 12.
Pérez, Fernando J. Una pintora argentina revela el montaje de Bárcenas para blanquear 560.000 euros. “El País” (6-VI-2013) 12.
Pérez, Fernando J. Ruz imputa estafa procesal a Bárcenas y su mujer por la mentira de los cuadros. “El País” (11-VI-2013) 12.
Pérez, Fernando J. Luis Bárcenas ocultó una fortuna de 47 millones en cuentas en Suiza. “El País” (15-VI-2013) 10.
Romero, J. M.; Fernández, M. Las trampas sin límite del extesorero del PP. “El País” (17-VI-2013) 14-15.
Fabra, María. Prisión incondicional para Luis Bárcenas. “El País” (28-VI-2013) 10-11.
Hernández, José A. Las trampas de Bárcenas. “El País” (28-VI-2013) 10-11.
Redacción. ‘Hay abrumadores indicios de la comisión de delitos’. “El País” (28-VI-2013) 11.
Cué, C. E.; Manetto, F. El PP se divide entre el temor a su extesorero y el alivio por la prisión. “El País” (28-VI-2013) 12.
Cué, Carlos E. Bárcenas pasa al ataque contra Rajoy y amenaza con contarlo todo ante el juez. “El País” (10-VII-2013) 10-11.
Redacción (editorial). Chantaje al Estado. “El País” (10-VII-2013) 30.
Fabra, M.; Pérez, F. J. Reconstrucción de las cinco horas de Bárcenas ante el juez. “El País” (17-VII-2013) 12-13.
Ekaizer, Ernesto. Más allá de los SMS Rajoy-Bárcenas. “El País” (19-VII-2013) 19. Reconstrucción de las llamadas y gestiones de Rajoy durante la crisis.
Garzón, Baltasar. No se enroque, señor Rajoy. “El País” (23-VII-2013) 29.
Cué, Carlos E. Rajoy rectifica y explicará el ‘caso Bárcenas’ ante la ‘alarma social’. “El País” (23-VII-2013) 10-11.
Garea, Fernando. Rubalcaba para la moción de censura pero sigue pidiendo la dimisión. “El País” (23-VII-2013) 11..
Garea, Fernando. Rajoy solo admite un error de confianza. “El País” (2-VIII-2013) 10-11. En su comparecencia en el Congreso el presidente rechaza haber cometido delitos.
Manetto, Francesco. Rubalcaba entra en el cuerpo a cuerpo. ‘Usted hace daño a España. Váyase’. “El País” (2-VIII-2013) 12.
Redacción (editorial). Crisis no solventada. “El País” (2-VIII-2013) 28.
Garea, Fernando. La oposición pide una comisión de investigación por el ‘caso Bárcenas’. “El País” (3-VIII-2013) 8-9.
Manetto, Francesco. Dirigentes del PP plantean renovar el partido a fondo tras el ‘caso Bárcenas’. “El País” (13-VIII-2013) 10.
Pérez, Fernando J. Arenas y Cascos certifican ante el juez su falta de control de las cuentas del PP. “El País” (14-VIII-2013) 8-9.
Pérez, Fernando J. Cospedal, la secretaria ajena a las cuentas. “El País” (15-VIII-2013) 8-9.
Garea, Fernando. El PP no ve de ‘interés general’ que el Congreso interpele a Rajoy por Bárcenas. “El País” (28-VIII-2013) 8.
Romero, José Manuel. Cuatro delitos siguen vivos en el ‘caso Bárcenas’. “El País” (12-X-2013) 14-15.
Pérez, Fernando J. ‘Es mi mano la que le entregó el sobre’. “El País” (19-X-2013) 10-11. Bárcenas acusa a Cospedal de cobrar dinero negro.
Fabra, María; Fernández, María. Hacienda acredita que Bárcenas tenía poder en cuentas del PP hasta el 2011. “El País” (4-XI-2013) 14.
Pérez, F. J.; Fabra, M. La fiscalía intenta librar al PP de los peores delitos derivados de su caja b. “El País” (6-XI-2013) 11.
Pérez, Fernando J. El juez Ruz corrobora que el PP tuvo una cuenta b ‘continua en el tiempo’. “El País” (23-XI-2013) 10. Pagó con dinero negro la reforma de su sede.
Fernández, María. Una ‘corriente financiera’ de dinero negro. “El País” (23-XI-2013) 11. El PP recibió fondos ilícitos durante 18 años al menos.
Manetto, F.; Cué, C. E. El PP rechaza el auto de Ruz y pide a la fiscalía que revise sus cuentas. “El País” (26-XI-2013) 12.
Fabra, María. Ruz manda a la policía a la sede del PP para recabar datos sobre su reforma. “El País” (20-XII-2013) 15.
Pérez, Fernando J. Ruz se lleva todos los papeles del PP. “El País” (21-XII-2013) 8-9.
Romero, José Manuel. La caja b de Bárcenas envenena al partido. “El País” (21-XII-2013) 8-9. 
Pérez, Fernando J. El ‘caso Gürtel’ destapa cuentas suizas de dos expresidentes de Sacyr. “El País” (10-I-2014) 12.
Pérez, Fernando J. Bárcenas redobla la presión sobre el PP al incriminar al anterior tesorero. “El País” (21-I-2014) 12.
Izquierdo, José María. Gürtel: año V. “El País” Domingo (2-II-2014) 1-6. Un repaso al caso Gürtel. Inicia una serie de artículos del mismo periodista.
Fabra, M.; Pérez, F. J. La policía dice que Cascos se benefició de los negocios entre Gürtel y el PP. “El País” (4-II-2014) 18.
Pérez, Fernando J. Bárcenas defraudó al fisco 11,5 millones de euros entre 2000 y 2011. “El País” (27-II-2014) 14.
Fabra, M.; Pérez, F. J. Bárcenas extiende la caja b del PP ‘a todas las provincias y regiones’. “El País” (11-IV-2014) 10.
Fabra, M. Cuatro donantes de la caja b hicieron casi todo su negocio con Gobiernos del PP. “El País” (28-IV-2014) 12.
Romero, J. M. El juez imputa a Lapuerta por ayudar a Bárcenas a saquear la caja b del PP. “El País” (2-VII-2014) 18.
Romero, J. M. La juez rechaza la demanda de Bárcenas pero censura los pagos ilegales del PP. “El País” (19-VII-2014) 12.
Romero, J. M. El juez lleva al banquillo a la red Gürtel y a una decena de cargos del PP. “El País” (30-VII-2014) 16.
Pérez, F. J. El juez Ruz imputa a Ángel Acebes por usar fondos de la caja b del PP. “El País” (22-X-2014) 10.
Romero, J. M. Hacienda exime al PP de pagar impuestos por su financiación ilegal. “El País” (29-X-2014) 18.
Rincón, R.; Pérez, F. J. Acebes sostiene que desconocía la existencia de una caja b en el partido. “El País” (29-X-2014) 18.
Zafra, Ignacio. Imputado Juan Cotino por el dinero que captó la red Gürtel de la visita del Papa. “El País” (11-XI-2014) 16.
Cué, C. E. Ana Mato dimite para no hundir a Rajoy. “El País” (27-XI-2014) 11. La ministra de Sanidad tira la toalla al ser implicada en el caso Gürtel.
Pérez, F. J. El Partido Popular se benefició de los fondos delictivos de la red Gürtel. “El País” (27-XI-2014) 14-15. El juez implica al PP.
Romero, J. M.; Pérez, F. J. Gürtel, la corrupción que colonizó al PP. “El País” (17-I-2015) 10-11.
Manresa, A. Bárcenas reta al PP a querellarse si cree que se quedó con dinero opaco. “El País” (22-I-2015) 10.
Pérez, F. J. ‘El PP no tiene nada que temer de mí’, dice Bárcenas al salir de prisión. “El País” (23-I-2015) 17. Paga la fianza de 200.000 euros.
Pérez, F. J. Bárcenas se desata contra Rajoy. “El País” (24-I-2015) 10-11.
Romero, J. M. Los secretos de Bárcenas inquietan al Partido Popular. “El País” (25-I-2015) 18-19.
Romero, J. M. Al banquillo la mayor red corrupta ligada al PP. “El País” (6-III-2015) 13. El juez Pablo Ruz fija fianzas de 449 millones a 36 de los 40 imputados.
Pérez, F. J. Ruz acredita 18 años de caja b del PP. “El País” (24-III-2015) 9-10.
Ekaizer, Ernesto. Contabilidad ilegal, pura y dura. “El País” (24-III-2015) 9.
Pérez, F. J. Fiscalía y Abogacía exculpan al PP del delito por donaciones ilegales. “El País” (28-IV-2015) 10.
Pérez, F. J. El juez ve delito electoral en el PP por el ‘caso Bárcenas’. “El País” (29-V-2015) 24.
Rincón, Reyes. Apartados dos jueces del ‘caso Gürtel’ vinculados al PP. “El País” (31-X-2015) 20.
Pérez, F. J. El PP, imputado por destruir los ordenadores de Bárcenas. “El País” (23-I-2016) 24.
Trías Sagnier, Jorge. Testigo de la corrupción. “El País” Ideas (24-I-2016) 10-11. El exdiputado del PP (en 1996-2000) Trías Sagnier denunció en 2013 el pago de sobresueldos en el PPP. Cuenta su papel en el caso y las acusaciones que soportó.
Ekaizer, Ernesto. Queríamos tanto a Luis. Temas de Hoy. Barcelona. 2015. 376 pp. Reseña de Altares, G. Un país en el cenagal. “El País” Babelia 1.250 (7-XI-2015).
Hernández, J. A. Correa dice que colaborará con la fiscalía en el juicio de Gürtel. “El País” (1-X-2016). Paga de inmediato 2,2 millones de euros a las administraciones perjudicadas.
Pérez, F. J. El juicio de Gürtel examina una época de corrupción. “El País” (2-X-2016).
Editorial. Más que un juicio. “El País” (5-X-2016). El caso resume el penoso tiempo político que vivimos.
Casqueiro, J.; Junquera, N. La trama que pudrió al PP de Rajoy. “El País” (5-X-2016).
Domínguez, Íñigo. España en la caja negra. “El País” (5-X-2016).
Pérez, F. J. El PP se alinea con Bárcenas y reclama que se anule todo el ‘caso Gürtel’. “El País” (6-X-2016).
Ekaizer, Ernesto. La patata caliente suiza. “El País” (10-X-2016). El delito fiscal.
Pérez,  F. J. Los arrepentidos del ‘caso Gürtel’ incriminan de forma directa al exmarido de Mato. “El País” (12-X-2016). Las confesiones de Jacobo Gordon y Roberto Fernández.
Domínguez, Í. Escobas de oro. “El País” (12-X-2016). La grotesca corrupción de la trama en los municipios de Majadahonda y Pozuelo.
Editorial. Escándalo clave. “El País” (14-X-2016). El caso retrata al peor PP.
Pérez, F. J. Correa admite que se repartió con el PP de Aznar las mordidas de Gürtel. “El País” (14-X-2016).
Pérez, F. J. Correa dice que medió en contratos con Medio Ambiente y Fomento. “El País” (15-X-2016).
Domínguez, Í. Detalles tontos. “El País” (15-X-2016).
Pérez, F. J. Correa se desata contra Bárcenas en el juicio de Gürtel. “El País” (18-X-2016).
Pérez, F. J. El ‘número dos’ de Gürtel culpa de todo a Correa. “El País” (25-X-2016).
Pérez, F. J. Bárcenas certifica la caja b del PP y dice que Rajoy rompió con Gürtel. “El País” (17-I-2017).
Pérez, F. J. Los empresarios procesados confirman que el PP de Camps se financió ilegalmente. “El País” (10-II-2017).
Editorial. Gürtel no es el pasado. “El País” (15-II-2017). El Partido Popular sigue evitando dar explicaciones sobre sus casos de corrupción
Zafra, I. El tribunal envía a la cárcel a los jefes de Gürtel para evitar que escapen. “El País” (15-II-2017). Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez ingresan en prisión para cumplir sus penas.
Hernández, J. A. Correa decide devolver al Estado los 22 millones que tiene en Suiza. “El País” (6-III-2017).
Pérez, F. J. Rajoy testificará en el juicio de Gürtel pese al rechazo de la fiscalía. “El País” (19-IV-2017).
Pérez, F. J. Aguirre se jacta de sus éxitos políticos en el juicio de la trama Gürtel. “El País” (21-IV-2017).
Pérez, F. J. Rajoy deberá testificar en persona en el juicio del ‘caso Gürtel’ en julio. “El País” (31-V-2017). Quería hacerlo por videoconferencia.
Pérez, F. J.; López-Fonseca, Ó. La cúpula de Aznar deja a Bárcenas al margen de la financiación del PP. “El País” (21-VI-2017). Achaca la responsabilidad al octogenario Álvaro Lapuerta.
Garea, F. El PP y Bárcenas se protegen en la comisión de investigación. “El País” (27-VI-2017).
Casqueiro, J. Rajoy vuelve a zafarse de Gürtel sin asumir ninguna responsabilidad. “El País” (27-VII-2017). Declara en la Audiencia Nacional y rehúye cualquier responsabilidad económica.
Editorial. Seguimos sin saber. “El País” (27-VII-2017). Rajoy no explica, tapa.
Mateo, J. J. Rajoy elude la corrupción y reta a la oposición a someterle a otra censura. “El País” (31-VIII-2017). Rehúye la cuestión en el pleno extraordinario sobre el caso Gürtel.
Editorial. Gürtel, el PP y el Estado. “El País” (26-X-2017).

Domínguez, Í. El policía que destapó la Gürtel dice que el PP intentó desestabilizar las pesquisas. “El País” (8-XI-2017).

La corrupción en España.

La corrupción política, uno de los principales problemas de la democracia en España.
*Algunos casos especialmente importantes y densos en información se tratan en entradas separadas, mientras que la corrupción de ámbito regional se trata en las entradas de las CCAA correspondientes.

Índice.
Introducción.
Las instituciones anticorrupción.
La transparencia es imprescindible para evitar la corrupción.

Viñeta sobre la corrupción urbanística, de Forges (http://www.forges.com/]

Introducción.
La corrupción política es una gravísima lacra del sistema político español. El filósofo San Agustín escribió en el siglo V que ‹‹cuando se suprime la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones?››
Los problemas a escala municipal y autonómica, y ocasionalmente a nivel estatal, se extienden en el primer decenio del siglo XXI, relacionados sobre todo con la especulación urbanística, afectando a derecha e izquierda, más numéricamente a las administraciones gobernadas por el PP, aunque no hay conclusiones acerca de si es por causa de un problema de control interno o porque gobierna en mayor número de lugares, y parece que no es castigado electoralmente por ello, pero también hay demasiados casos en las instituciones a cargo de otros partidos, como el PSOE.
Los asuntos actuales más conocidos son la 'trama Gürtel/Bárcenas' en varias comunidades autónomas, la extendida corrupción en la Comunidad Valenciana; los casos del Palma Arena, Jaume Matas y el partido UM en Baleares; el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía, los casos urbanísticos de la isla de Lanzarote en Canarias, y el caso Urdangarin que afecta a la Casa Real.
Crece el peligro de la deslegitimación de la democracia para una gran parte de la población, que llega a relativizar y entender como normal la falta de honestidad de los políticos e incluso puede recompensarles con un voto mayor. Los partidos responden con la exigencia de responsabilidades a nivel judicial.
Además, según informa Miguel Ángel García Vega en El alto coste del lado oscuro [“El País” (11-VIII-2013).] la corrupción cuesta cerca del 1% del PIB (unos 10.500 millones de euros al año, según el austriaco Johannes Kepler, profesor de Economía en la Universidad de Linz), y crea inestabilidad política, desvía capital a una minoría bien conectada con el poder, reduce el Estado del bienestar, frena la salida de la crisis, genera ineficiencias en la economía, y daña la imagen de la marca España entre los nacionales y en el extranjero por la inseguridad jurídica, pues disuade las inversiones extranjeras e incluso fomenta la emigración de los jóvenes desencantados. Si se le añaden los 74.000 millones anuales del fraude fiscal estamos ante un inmenso agujero negro de la economía española.


Mapa de casos de corrupción municipal entre 2000 y 2010, y encuesta en 2011 sobre la corrupción en España. Fuente: Gómez, Luis. La corrupción suma en una década 800 casos y casi 2.000 detenidos. “El País” (17-VI-2013) 12-13.

Las instituciones anticorrupción.
Las principales instituciones en la lucha anticorrupción son: el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción, los jueces (desde los juzgados de instrucción hasta la Audiencia Nacional), la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude Fiscal (ONIF) de la Agencia Tributaria y el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Tesoro.

La transparencia es imprescindible para evitar la corrupción.
La transparencia en la información de las actividades públicas es un medio fundamental en la lucha contra la corrupción, así como para mejorar la participación ciudadana, pero se ha atrasado en los últimos años la aprobación de una Ley de Transparencia de la Administración Pública a nivel estatal. El Gobierno del PP pretendía aprobarla en el primer semestre del 2012, pero se ha ido retrasando sine die.
Tres expertos han propuesto en el Congreso en abril de 2014 un conjunto de medidas:
Eduardo Torres-Dulce, Fiscal general del Estado, propone.
-Nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que establezca un nuevo proceso acorde con los tiempos en el que la instrucción la asuman los fiscales y que sea mucho más ágil y eficaz, con criterio de oportunidad. Si por plazo ya no es posible, que se hagan reformas parciales urgentes.
-Que la instrucción no sea el fin, sino el medio para llegar a la vista oral.
-Evitar los macrojuicios, al no ligar la suerte de un cúmulo de hechos al último y pormenorizado detalle de un proceso.
-Más medios materiales y personales.
-Acceso de la fiscalía a bancos de datos de registros de propiedad y mercantiles, de Seguridad Social y Hacienda, entre otros. Mejor colaboración y coordinación con las fuerzas de seguridad.
-Restringir las conformidades en casos de corrupción.
-Delimitar las imputaciones solo para cuando haya indicios claros.
Evitar los indultos a corruptos.

Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, apunta:
-Extender a diputados, senadores y Administraciones autonómicas la ley de altos cargos.
-Mejorar las retribuciones de cargos políticos, al tiempo que se refuerzan sus incompatibilidades y se regula mejor la “puerta giratoria” entre las actividades públicas y privadas.
-Mayor control sobre las fundaciones ligadas a los partidos y prohibición absoluta de condonación de créditos a partidos.
-Mejor financiación pública de los partidos, para compensar la restricción de la privada.
-Cambios en las leyes de urbanismo para garantizar el control.

Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, aconseja:
-Apoyo al proyecto de ley del Gobierno que aumenta las atribuciones del Tribunal de Cuentas y la capacidad para actuar contra los partidos por incumplimientos legales.
-Mayor capacidad para actuar contra quien no colabore con la institución en la fiscalización de cuentas.
-Aumento de la plantilla del personal que está congelada desde hace años.
-Crear una unidad específica para partidos políticos con más personal para evitar los retrasos en la emisión de los informes, que ahora tienen un plazo de decalaje de siete años para los partidos.


Opiniones.
Antón Costas
El economista Antón Costas en el artículo La ecuación de la corrupción [“El País” Negocios 1.447 (28-VII-2013)] aporta una interesante perspectiva crítica sobre el fenómeno de la corrupción en España:
‹‹Los casos de corrupción están a la orden del día y producen gran alarma social. Pero ¿podemos decir que España es un país corrupto?
Veamos, ¿cuándo un país es corrupto? Cuando existe lo que los anglosajones llaman petty corruption. Es decir, corrupción generalizada a pequeña escala, consistente en tener que pagar gratificaciones para el desarrollo de las actividades cotidianas, como hacer un trámite administrativo, acceder a un servicio público, como elegir escuela o ser atendido por los servicios de salud.
En este sentido, España no es un país corrupto. No sale mal parada en los rankings que miden este tipo de corrupción. Más bien se acerca a los países nórdicos.
¿No tenemos, entonces, que preocuparnos por la corrupción? Sí, porque aunque no haya una “cultura de corrupción”, como a veces se dice, que afecte al conjunto de la sociedad, si existe una grand corruption que se ha enquistado en algunas actividades públicas. Las causas de la corrupción tienen mucho que ver con el funcionamiento de esas actividades. Si las identificamos, seremos más capaces de erradicar la corrupción.
Son de tres tipos. La primera tiene que ver con el urbanismo y afecta especialmente a alcaldes y responsables de planes urbanísticos. La segunda se relaciona con la licitación de obra pública y las concesiones para la gestión privada de servicios públicos. La tercera, con el uso de subvenciones y ayudas públicas a ciertas actividades, como los expedientes de regulación de empleo (ERE) o las “primas” a las energías renovables.
¿Qué es lo que ha permitido conocer esa corrupción sistémica? No ha sido la actividad preventiva de los organismos encargados de auditar y controlar esos procesos. Esto ha fallado. Han sido, por un lado, los medios de comunicación; y, por otro, la actividad investigadora de los tribunales de justicia y otras instituciones como la Agencia Tributaria.
El conocimiento de las actividades que generan esa grand corruption y de las instituciones más efectivas en identificarlas, nos permite formular lo que podríamos llamar la ecuación de la corrupción española: C = DA + S + Cc - (T + D).
En primer lugar, la ecuación nos dice que cuanta más discrecionalidad administrativa (DA) en la aprobación de planes y licencias urbanísticas, mayor será la corrupción.
En segundo lugar, cuanto mayor sea el volumen de subvenciones públicas a actividades privadas (S), mayor será la corrupción. La “prima” es una garantía pública de rentabilidad privada que pesa durante años y años sobre el presupuesto público. Además, incentiva actividades que están más próximas al negocio financiero que al proyecto industrial. En el caso de los ERE, la subvención da lugar a la aparición de buscadores de rentas, y a que las empresas destruyan empleo en lugar de desarrollar fórmulas para conservarlo.
El tercer factor es la licitación de obra pública y las concesiones para la gestión privada de servicios públicos. Lo podemos llamar capitalismo concesional (Cc). Si analizamos los nombres de las grandes donaciones a los partidos veremos que están relacionados con estas actividades. La corrupción en este caso no solo consiste en donaciones o pago de comisiones, sino en contratos que hacen que el beneficio vaya al operador privado, mientras que el riesgo de pérdidas se lo queda el sector público. Los ejemplos son numerosos.
La primera conclusión de nuestra ecuación podría formularse diciendo que en España se ha desarrollado un tipo de capitalismo concesional y subvencionado que es proclive a la corrupción. Si queremos disminuir la corrupción hay que acabar con este tipo de capitalismo rentista y depredador.
La segunda conclusión surge del análisis de los dos factores de la ecuación que disminuyen la corrupción. El primero es la transparencia (T), entendida como el derecho ciudadano a conocer, y la obligación de las Administraciones a responder, con responsabilidad penal si no lo hacen. Este es un elemento poderoso de higiene pública. El segundo es la democracia (D).
Hay tres elementos de la democracia que son esenciales para erradicar la corrupción. El primero es que en las elecciones los ciudadanos penalicen a los políticos y partidos corruptos. El segundo es una prensa libre, capaz de denunciar la corrupción. El tercero, unas instituciones judiciales independientes que investiguen y penalicen la corrupción. Nos podemos sentir relativamente satisfechos, porque esos tres elementos están funcionando.
Pero no hay que bajar la guardia en los dos focos principales de la corrupción: el planeamiento urbanístico y el capitalismo concesional y subvencionado.
La ausencia de incompatibilidad entre ser alcalde o concejal de urbanismo y la dedicación a estas actividades es como poner al zorro al cuidado de las gallinas. Sorprende que un ministro tenga que salir del Consejo de Ministros cuando se tratan cuestiones que le implican a él o a sus familiares y no haya nada similar en los Ayuntamientos. Alguna restricción hay que introducir en este terreno.
El capitalismo concesional y subvencionado ha operado hasta ahora en la obra pública, los servicios domiciliarios y algunas actividades como las renovables. Pero está comenzando a penetrar en un nuevo campo: la sanidad. Hay que ir con cuidado, porque es susceptible de generar la misma corrupción.
No trato de demonizar la colaboración público-privada en la gestión de servicios de la sanidad pública. Pero las empresas que quieran operar en esas actividades han de funcionar con el mismo criterio de transparencia, riesgo y ventura con el que lo hacen los empresarios que arriesgan su patrimonio en las actividades de mercado. Ese es el buen capitalismo.››

Enrique Gil Calvo.
Enrique Gil Calvo analiza en Epidemiología de la corrupción [“El País” (27-XI-2014)] el fenómeno y su preocupante y reciente extensión entre el funcionariado, que se había mantenido relativamente inmune hasta hace poco tiempo:
‹‹El régimen de la Transición está herido de muerte. Y el agente patógeno que está acabando con su vida no es tanto el deterioro de sus instituciones (Corona, Constitución, sistema electoral, partidos políticos, Estado autonómico) o las amenazas de secesión territorial, sino el contagio virulento de una epidemia incurable de corrupción política: el ébola de la democracia. La tipología de la epidemia es multiforme, afectando a sectores muy diversos. Existe una corrupción de derechas, concentrada en los múltiples cohechos y el tráfico de influencias coprotagonizados por la banca, las grandes empresas y el sector de la construcción y las infraestructuras, siendo su emblema la privatización de los servicios públicos y las puertas giratorias entre la política y el Ibex. Hay otra corrupción de izquierdas, manifestada por la redistribución de fondos públicos entre las redes clientelares de los movimientos sociales afines, por el estilo de los ERE andaluces. Es esta la clase de corrupción en la que también está cayendo el secesionismo nacionalista y en la que podría caer Podemos si algún día llegase al poder.
Y luego está la corrupción centrada o transversal, que afecta por igual a derecha e izquierda, con tres campos de acción. Ante todo, la financiación irregular de los partidos, ese magma ignoto que surge del subsuelo para realimentar el ansia insaciable de una clase política adicta a la mercadotecnia electoral. Después, el suelo inagotable de la política local, donde los eternos caciques de toda la vida se lucran con ese pozo sin fondo del que mana sin tasa el dinero negro procedente del ordenamiento urbanístico y la recalificación de terrenos. Y por último, la corrupción corporativista de los incentivos a la concertación social, como, por ejemplo, los fondos de formación para el empleo (la antigua Forcem), en gran parte procedentes de Bruselas y también de los presupuestos públicos, pero que son clandestinamente desviados fifty fifty hacia las arcas privadas de las patronales y los sindicatos al alimón.
Pero lo más grave de todo es que la infección ha empezado a invadir un tejido que hasta ahora parecía libre del mal. Me refiero a las Administraciones públicas, que acaban de ser señaladas por el dedo acusador de la justicia en el caso Enredadera. Lo cual representa una preocupante novedad, pues revela que el funcionariado está empezando a contagiarse de un mal contra el que se mantenía inmune hasta ahora. En efecto, los datos de Transparency International demuestran dos hechos. Primero, que la creciente corrupción española es de las más altas de Europa. Y segundo, que la práctica del soborno funcionarial es en cambio muy inferior al resto de países europeos. De donde se deduce que hasta ahora esta gangrena democrática se restringía a los partidos, los Ayuntamientos, los empresarios y los sindicatos. Pero que en cambio la ciudadanía y el funcionariado se mantenían a salvo. Por eso el inicio del contagio a los servicios públicos es un anuncio demoledor, pues si la epidemia se propaga a los funcionarios, el sistema entrará en colapso.
No hay duda de que estamos ante una crisis existencial, pues está en juego el ser o no ser de nuestro sistema. O erradicamos la corrupción, o su efecto degenerativo acabará con nuestra democracia. Por tanto, para poder superar la epidemia, hay que identificar antes sus causas, que son dos relacionadas entre sí. Ante todo, su primera causa es la falta de control y suficiente accountability. Como demuestran los ERE y la corrupción local, la intervención preventiva del Estado no funciona en España, puesto que es incapaz de evitar la excesiva autonomía de la política, que por basarse en la soberanía popular se cree con derecho a infringir la ley con aforada impunidad. La autorregulación no sirve de nada (según revela el caso Monago), pues como hacen demasiados obispos con la pederastia sacerdotal, los partidos prefieren encubrir a sus conmilitones antes que depurarlos. El control a posteriori tampoco funciona, pues el Tribunal de Cuentas es un pasteleo nepotista que ni juzga ni contabiliza. Y sólo queda la Fiscalía Anticorrupción: heroicos bomberos que intentan sofocar incendios con las manos atadas por la escasez de medios.
Por tanto, al saberse libres del suficiente control, los poderes públicos se sienten tentados de violar la legalidad. De ahí que la corrupción se dispare, al ser directamente proporcional a su grado de arbitrariedad discrecional (tal como predice la ecuación de Klitgaard). Y esta falta de control se agravaría si el partido en el poder aprobase su anunciada reforma electoral, primando las mayorías reforzadas.
Pero la causa última de este descontrol es la excesiva politización de nuestras instituciones, como la justicia, las Administraciones públicas o la cultura misma. La justicia está supeditada desde su misma cúspide jerárquica al poder político, que se la reparte en cuotas de lealtad y obediencia debida con obligación de prestar asistencia judicial y devolver favores: de ahí la lentitud, la lenidad y los sobreseimientos, por no hablar del aforamiento, los indultos y la reducción penitenciaria. Y tan grave, pero más decisivo, es que las Administraciones públicas estén secuestradas e intervenidas por los partidos que obtienen el poder, nombrando a sus cargos directivos con el único criterio de su lealtad política. De ahí que, tras aplicar este arcaico spoil system, las Administraciones resulten patrimonializadas por los partidos políticos, que desvían su funcionamiento a su antojo en su propio beneficio político. Esto explica que los funcionarios encargados de controlar la corrupción no se atrevan a hacerlo por temor a ser desplazados o descartados. Y en consecuencia, la necesaria separación entre Gobierno y Estado desaparece, quedando éste okupado y controlado por aquél. Así se produce una perversa inversión de funciones que hace de los cuerpos de altos cargos (como los abogados del Estado) una correa de transmisión de las órdenes dictadas por el partido en el poder para su captura del Estado.
Finalmente, también la cultura está politizada, alineándose a un lado u otro de las trincheras partidistas. Y no me refiero sólo a los actores, artistas, escritores o músicos que toman partido, sino también a las instituciones culturales que resultan patrimonializadas por el partido en el poder. E igual ocurre con la enseñanza, cuya excesiva politización le impide impartir una auténtica formación cívica al estar intervenida de hecho por el poder. Por no hablar de nuestro sistema mediático, igualmente atrincherado tras su tendenciosa alineación partidista. La consecuencia es que la opinión ciudadana también queda sesgada por su politización partidista, tolerando la corrupción de sus representantes electos con la excusa de que se trata de “uno de los nuestros” (good fellas).
¿Qué hacer? La solución pasa ante todo por la estricta separación entre Gobierno y Estado, prohibiendo las puertas giratorias entre el poder político y la función pública para lograr que ésta sea imparcial e independiente, evitando su politización partidista. Y después, estrictos controles de la corrupción, tanto preventivos ex ante (por la Intervención General del Estado, que debería supervisar también a partidos, sindicatos y demás instituciones públicas) como sancionadores ex post (potenciando la Inspección de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción y refundando otro Tribunal de Cuentas). Pero con ser necesarias, esas medidas no son suficientes, pues además la ciudadanía deberá exigir a sus representantes que arranquen la corrupción de sus filas. Que nunca más los ciudadanos vuelvan a encubrir con sus votos a unos políticos que infectan a los demás su propia corrupción.››

Juan José Millás
El escritor Juan José Millás en El mal [“El País” (12-VII-2013)] golpea sobre la endémica corrupción y el hundimiento de la ética pública en España:
‹‹La semana pasada, en este mismo espacio, decíamos que la corrupción llegaba hasta el tuétano. Nos equivocamos: la corrupción viene del tuétano. Lo que vemos son las manifestaciones externas de ese jugo seminal que recorre las arterias del sistema, o lo que sea esto a lo que llamamos sistema.
A la podredura del tuétano se debe, por ejemplo, el hecho de que alguien pueda vender durante la campaña un programa que no está en su ánimo cumplir. Esa descomposición explica que la ciudadanía, ni por sí misma ni a través de sus representantes, haya logrado evitar el atropello. De ahí viene también la facilidad con la que se ha llevado a cabo una reforma laboral que deja sin derechos a la población trabajadora. De ahí las prácticas empresariales que fomentan el miedo creciente y la insolidaridad galopante en el puesto de trabajo. De ahí el ataque impune a los colectivos tradicionalmente más débiles de la sociedad: los pobres, los ancianos, las mujeres, los niños, los enfermos… De ahí la privatización de lo que era propiedad de todos, el aumento de las personas millonarias y el crecimiento atroz de las desigualdades. Todo esto, que parece suceder fuera e ir hacia adentro, viene de dentro y se manifiesta afuera. Ese viaje desde la médula a la piel, ahora lo entendemos, ha tenido varios momentos decisivos, uno de ellos protagonizado por Zapatero, cuando, aún en el Gobierno, pactó el traspaso de poderes con Rajoy y comenzó a manosear las pensiones como un pederasta manosearía a un niño. El niño está servido y el manoseo continúa, ahora sin escándalo apenas. No nos enfanguemos en los síntomas (sobresueldos, comisiones, cuentas suizas…). Todo ello sucede porque hemos alumbrado un monstruo. La justicia está de paso (Bárcenas acabará, como Mario Conde, siendo una estrella de la tele). El mal, en cambio, ha venido para quedarse.››

La politóloga Sandra León en Ponerse en lo peor [“El País” (26-VII-2017)] ofrece unas medidas básicas contra la corrupción:
‹‹España es un país relativamente corrupto en comparación con los países de su entorno. Aquí la corrupción suele implicar mucho dinero y pocas personas. Y las elecciones, como ocurre en otros países, no siempre sirven para castigarla. Hace más de dos siglos que Madison advirtió que la dependencia de los votantes no sería suficiente para controlar al Gobierno. Por eso propuso establecer mecanismos adicionales de control, como la división de poderes.
¿Cuáles serían los mecanismos adicionales para frenar la corrupción, más allá de las elecciones? Uno es prevenir la corrupción reformando las instituciones que la favorecen. Sobre ello hay mucho escrito y poca iniciativa política. Se sabe, por ejemplo, que el diseño del gobierno local en España concentra el poder y contribuye a fusionar el interés de los gestores públicos con el del partido que gobierna. Y que la heterogeneidad y el reducido tamaño de los municipios impiden la comparación y auspician las redes clientelares.
Los expertos insisten asimismo en lo poco costoso que sería reforzar el control interno de la Administración mediante la protección a las personas que informen sobre prácticas corruptas. En la actualidad, denunciar supone prácticamente un acto de heroísmo.
También puede ampliarse el control externo mejorando el acceso a la información pública de los ciudadanos. Se trata del derecho a saber. Por ejemplo, conocer qué contratos firma la Administración y con quién, o cómo se toman las decisiones que afectan a derechos individuales. La ley de transparencia está muy lejos de conseguir tal objetivo. Las excepciones al derecho de información son excesivamente generales, no hay sanciones en el caso de que no se facilite la información, la Administración no está obligada a explicar su falta de respuesta y no está claro qué entidades deben cumplirla.
Las instituciones representativas se construyeron sobre el supuesto de que los políticos no eran ángeles. Sobre la prevención que se deriva del ejercicio de ponerse en lo peor. En España sobra actualidad para ponernos en el peor escenario, pero falta iniciativa para prevenirlo.››

Dosier: Los principales casos de corrupción en España.* 
Dosier: El ‘caso Púnica’.* 

FUENTES.
General y opiniones.
Libros.
Pradera, Javier. Corrupción y política. Los costes de la democracia. Galaxia Gutenberg. Barcelona. 2014. 221 pp. Ensayo. Reseña de Juliá, Santos. La lección más dura estaba escrita. “El País” Babelia 1.195 (18-X-2014) 8.
Sebastián, Carlos. España estancada. Galaxia Gutenberg. Barcelona. 2016. 216 pp. Un libro sobre la falta de competitividad de la economía española, con un factor decisivo como es la corrupción. Reseña de Muñoz Molina, Antonio. Ir y quedarse. “El País” Babelia 1.268 (12-III-2016) 8. / Rojo, José Andrés. Carlos Sebastián. ‘El clientelismo mata el talento’.  “El País” Ideas (13-III-2016).

Artículos. Orden cronológico.
Sérvulo  González, Jesús. No malgastarás dinero público. “El País” (9-II-2012) 30-31. Los pros y contras de una legislación penal contra los malos gestores públicos.
Ceberio Belaza, Mónica. Interior. Hasta las estadísticas son secretas. “El País” Domingo (18-III-2012) 5.
Rodríguez, Jorge A.; Duva, Jesús. Los escándalos convulsionan la policía. “El País” (12-VIII-2012) 12-13.
Mercado, Francisco. El Tribunal de Cuentas destapa el germen de la corrupción en las autonomías. “El País” (19-XI-2012) 14.
Fabra, María. Más de 200 cargos imputados y protegidos. “El País” (10-I-2013) 12-13. La mayoría de los casos de corrupción se concentran en cinco autonomías, pero solo hay cuatro políticos en la cárcel.
Prats, Jaime. No solo falta estética, sino transparencia. “El País” (17-I-2013) 30-31. Los casos de conflicto de intereses entre lo público y lo privado.
Garea, Fernando. Los escándalos acorralan la política. “El País” (20-I-2013) 14-15.
Pérez, Claudi. Alerta sobre la corrupción en España. “El País” (8-II-2013) 4. La UE se preocupa por el riesgo para la clase política provocado por los escándalos.
Ceberio Belaza, Mónica. Sin medios suficientes contra la corrupción. “El País” (10-II-2013) 19. Jueces y fiscales se quejan de la falta de medios. Resume las principales instituciones en la lucha anticorrupción.
Redacción. La corrupción fuera de España. La transparencia como solución. “El País” (10-II-2013) 20-21.
Redacción. ¿Dimitir? Solo en inglés y alemán. “El País” (10-II-2013) 21. Los cargos públicos de Reino Unido y Alemania dimiten, y casi todos los demás se aferran al poder.
Larrauri, Eva. Rubalcaba propone una brigada antifraude. “El País” (11-II-2013) 10. El plan del PSOE contra la corrupción incluye que se prohíban las donaciones de empresas a partidos.
Gómez, Luis. La corrupción suma en una década 800 casos y casi 2.000 detenidos. “El País” (17-VI-2013) 12-13.
Garea, Fernando. La comisión de Rajoy contra la corrupción solo se ha reunido una vez. “El País” (31-VII-2013) 16.
Fabra, María. El Gobierno desoye en clamor de los jueces contra los indultos a corruptos. “El País” (30-XII-2013) 14. La ley permite retrasar el ingreso en prisión mientras se tramita el indulto.
Garea, Fernando. El fiscal general denuncia la falta de medios y de leyes contra la corrupción. “El País” (24-IV-2014) 11. Los expertos piden más medidas contra la corrupción.
Gutiérrez Calvo, V. Política contra la corrupción política. “El País” (30-VIII-2014) 10-11. Las propuestas de los partidos.
Díez, Anabel. Un trienio malgastado. “El País” Domingo (26-X-2014) 3.
Muñoz, Ramón. Lo que une a sindicatos y patronal. “El País” Domingo (26-X-2014) 4.
Cué, C. E. Rajoy pide formación en un intento de atajar el impacto de la corrupción. “El País” (29-X-2014) 14.
Garea, F. El Gobierno dilata la aprobación de medidas. “El País” (29-X-2014) 14.
Garea, F. Rajoy contraataca al asedio por la corrupción con reproches al PSOE. “El País” (30-X-2014) 10.
Cué, C. E. El PP presiona a Rajoy para que inicie una purga y frene el desgaste electoral. “El País” (31-X-2014) 10.
Garea. F. Los populares vetan un pleno de corrupción para proteger a su líder. “El País” (31-X-2014) 11.
Garea, F. PP y PSOE pactan el autocontrol de los viajes de diputados. “El País” (19-XI-2014) 18.
Garea, F. Ninguna de las medidas anunciadas por Rajoy contra la corrupción está en vigor. “El País” (25-XI-2014) 13. En los últimos 21 meses el PP ha paralizado, entre otras normas, la ley de partidos políticos y la ley de ejercicio de altos cargos.
Garea, F. Rajoy exculpa a Ana Mato y niega que haya corrupción generalizada. “El País” (28-XI-2014) 10-11.
Díez, A. Sánchez niega la posibilidad de firmar un pacto anticorrupción con el PP. “El País” (28-XI-2014) 11.
Pérez, F. J. Los jueces alertan de que limitar el plazo para investigar beneficia a los corruptos. “El País” (15-XII-2014) 10. La reforma judicial que pretende el Gobierno traería impunidad a los implicados en macroprocesos de corrupción.
Junquera, N.; Mateo, J. J. La corrupción del PP dificulta las negociaciones entre Rajoy y Rivera. “El País” (27-I-2016) 13. Cuatro escándalos en un mes, con detenciones en Valencia y Madrid.
Casqueiro, Javier. Los portavoces del PP piden a Rajoy que rompa a fondo con la corrupción. “El País” (15-II-2016) 18.
Redacción. Inquietud y desánimo en las autonomías clave para el PP por los casos de corrupción. “El País” (16-II-2016) 22.
Maqueda, Antonio. El Gobierno acabará con los contratos públicos sin publicidad. “El País” (31-X-2016). La Comisión Europea urge a terminar con una de las peores lacras de España, la falta de transparencia en los contratos públicos, que favorece la corrupción.
Fernández, María. La asignatura pendiente de regular los ‘lobbies’. “El País” Negocios 1.615 (6-XI-2016).
Mateo, J. J: La preocupación por la corrupción se multiplica con Rajoy. “El País” (20-XI-2016). La corrupción preocupa a un mayor número de ciudadanos que en mandatos anteriores, pero los votantes del PP son los que menos se molestan por ella.
Mateo, Juan José. España cae hasta su peor puesto en percepción de la corrupción. “El País” (26-I-2017). Cae desde el puesto 36 al 41.
Ayuso, Javier. Lobistas en precario. “El País” (31-I-2017). Se prepara una regulación de los grupos de interés.
Mateo, J. J.; Junquera, N. El caso del presidente de Murcia deja en evidencia el pacto Rajoy-Rivera. “El País” (22-II-2017).
Mateo, J. J.; Casqueiro, J. El PP, en la cuerda floja por la corrupción. “El País” (26-IV-2017).
Martín-Arroyo, Javier. Lección primera: ¿qué es y qué no es corrupción? “El País” (1-V-2017). Las grandes empresas asimilan la prevención para evitar delinquir.

Pérez, F. J. Los tesoreros del PP, a la defensiva en el Congreso. “El País” (14-VII-2017). Declaran ante la comisión de investigación los tesoreros Ángel Sanchís (1982-1987), Rosendo Naseiro (1987-1990) y Carmen Navarro (la actual), esquivando (alegando sordera o desmemoria) las preguntas importantes y sin aclarar ningún punto. Luis Bárcenas (1990-2009) no compareció.
Casqueiro, J. Plante de la oposición a la Comisión del Senado sobre financiación de los partidos. “El País” (14-VII-2017). Acusan al PP de plantear una investigación sobre las finanzas de todos los partidos para diluir su propio caso.
Domínguez, Íñigo. El Gollum popular y su tesoro. “El País” (14-VII-2017).


General: Opiniones. Orden alfabético.

Álvarez Junco, José. Parábola de la corrupción. “El País” (15-VII-2015) 13. Una visión de la corrupción española desde los años 1990, con una metáfora del Dante.

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Barbería, José Luis. Tras la credibilidad perdida. “El País” Domingo (26-X-2014) 2-3.
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Barbería, J. L. Alcaldes de mucho poder y manos libres. “El País” Semanal 2.051 (17-I-2016) 36. La corrupción municipal.

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Moreno Luzón, J. Un buen escándalo. “El País” (20-VI-2016). Hay que reformar, pero no se necesita una revolución para combatir mejor la corrupción.

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Quintero, Gonzalo. La prevaricación vulgarizada. “El País” (12-VII-2016). El catedrático de Derecho Penal cuestiona la vulgarización de dos conceptos penales asociados a la corrupción: la prevaricación y la malversación.

Ridao, Joan. La corrupción banal. “El País” (19-VII-2013) 31-32.
Ridao, Joan. Justicia y corrupción. “El País” (18-I-2014) 20-21. Porqué fracasa tanto la Justicia española ante la corrupción.

Ridao, José María. Quien puede no siempre debe. “El País” (24-V-2012) 34-35. El caso Dívar es paradigmático de los excesos del poder.

Romero, José Manuel. Una justicia con las alas cortadas. “El País” Domingo (26-X-2014) 4.
Romero, J. M. Viejas medidas de regeneración. “El País” (28-XI-2014) 13. El plan anticorrupción de Rajoy reúne propuestas antiguas con leves retoques.

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Trías Sagnier, Jorge. ¿Sombras o certezas? “El País” (21-I-2013) 10-11.

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Vallespín, F. El PP emula a Fillon. “El País” (9-VI-2017). El PP incurre en populismo al pretender que las elecciones absuelven los delitos de corrupción.

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Viúdez, Juana. Todo menos la demolición. “El País” (22-IX-2013) 38-39. Enormes dificultades para derribar las obras ilegales, a menudo con la colaboración corrupta de las administraciones.
Viúdez, J. Tretas contra la piqueta. “El País” (22-IX-2013) 39.